Por María Josefina Arce.

Numerosas protestas de la sociedad civil acompañaron la reciente gira del vicepresidente norteamericano, Michael Pence, por América Latina, que más que revisar las relaciones con el continente bajo la nueva administración ha tenido como trasfondo Venezuela, objeto de una campaña mediática sin precedentes.

Colombia, Argentina, Chile y Panamá fueron los países visitados por el funcionario norteamericano, para cuyo gobierno Venezuela representa un peligro por lo que recabó el apoyo de la región para una solución a lo que llamó la crisis en el país sudamericano.

En cada nación reiteró las amenazas contra Caracas de la administración del presidente Donald Trump, que ya ha adoptado una serie de sanciones, apoyadas por las autoridades de naciones como Colombia y Argentina, que se dicen muy preocupadas por la situación del vecino país y parecen no prestar atención a la suya.

El vicepresidente estadounidense afirmó que una de las prioridades era "aunar esfuerzos" para conseguir lo que calificó como "restauración de la democracia en Venezuela", lo que se traduce en el derrocamiento del gobierno del presidente Nicolás Maduro, electo democráticamente por el pueblo venezolano en los comicios presidenciales de 2013.

Pence parece no conocer la historia, pues olvida que el único peligro para la zona han sido siempre los sucesivos gobiernos norteamericanos, pues la misma administración del ex presidente Barack Obama, quien llegó a la Casa Blanca pregonando el nacimiento de nuevos vínculos con la zona, se prestó a los rejuegos de la ultraderecha y declaró a Venezuela como un peligro para la seguridad nacional.

Olvida también Pence el tradicional apoyo de Estados Unidos a las dictaduras militares, a los golpes de estado contra gobiernos escogidos en las urnas, el entrenamiento en la conocida Escuela de las Américas de torturadores y violadores de los derechos humanos y su participación en el Plan Cóndor, puesto en marcha en América Latina en la década del 70 del siglo pasado para exterminar a los opositores políticos.

Deja de lado también la política solidaria y humanista que con sus hermanos latinoamericanos ha puesto en práctica la nación sudamericana desde el triunfo de la revolución bolivariana en 1999, que se ha convertido en un referente en el mundo por salvaguardar los más elementales derechos humanos de sus ciudadanos.

El petróleo venezolano está en el centro de ese ataque contra el país sudamericano de la administración del presidente Donald Trump, quien incluso no ha descartado la opción militar, dejando al desnudo nuevamente las verdaderas intenciones de Estados Unidos.

Pero aunque algunas naciones en el seno de la OEA, Organización de Estados Americanos, han atacado al gobierno constitucional del presidente Maduro y expresado su apoyo a las medidas políticas y económicas contra ese país, han manifestado su desacuerdo con cualquier intervención militar en territorio venezolano.

De hecho los intentos de condenar a Venezuela y poner en marcha la llamada Carta Democrática no han avanzado, dado el apoyo de otros países, fundamentalmente los caribeños, que se han negado a ser partícipes de una acción injerencista e ilegal contra el pueblo venezolano.

En Panamá, durante la visita de Pence, los manifestantes rechazaron que el Canal sea utilizado como plataforma para agredir otros pueblos.

Para los latinoamericanos la gira de Pence mancilla la soberanía de toda la región, cuyos pueblos han dejado claro que es inadmisible la injerencia en los asuntos internos de otros países, pues solo concierne a los venezolanos la solución de sus problemas.