Por: Guillermo Alvarado

Numerosas señales surgieron en estos días acerca de que la paz en Colombia avanza con muchas dificultades a pesar del acuerdo firmado con las ex guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, FARC-EP, ahora partido político, y la tregua bilateral pactada con la otra organización insurgente, el Ejército de Liberación Nacional.

Siempre hemos dicho que no basta con el silencio de los fusiles para lograr la concordia, si no se produce un verdadero cambio de mentalidad entre los antiguos contendientes. Una nueva época, requiere un nuevo pensamiento y cuando esto no ocurre hay ejemplos de cómo la tragedia puede extenderse hasta el infinito a pesar de un montón de papeles bien redactados y firmados.

Es justamente el caso que nos ocupa ahora, luego de la masacre perpetrada por el ejército y fuerzas antinarcóticos del Estado colombiano contra comunidades campesinas en el municipio de Tumaco, del departamento de Nariño.

El 5 de octubre las fuerzas de seguridad dispararon indiscriminadamente contra manifestaciones pacíficas de labriegos, que exigían la aplicación del punto 4 de los Acuerdos de Paz, referido a la sustitución de cultivos ilícitos.

Dicho acápite precisa que no es suficiente con la erradicación o destrucción de los sembradíos de coca, amapola o marihuana, sino que resulta imprescindible generar el desarrollo rural para eliminar la pobreza y marginación que empujan a muchos campesinos a situarse al margen de la ley.

Hasta el momento, sin embargo, no se han ejecutado programas que mejoren la vida de las familias en el campo, o las protejan de las bandas de narcotraficantes o la voracidad de terratenientes que les arrebatan sus propiedades.

Este es el origen de las protestas que fueron acalladas a sangre y fuego con el saldo de nueve fallecidos y por lo menos 50 heridos, una muestra de que todavía las fuerzas de seguridad privilegian la violencia extrema para silenciar el descontento popular.

La masacre de Tumaco, calificada ya por muchos como un crimen de lesa humanidad, no es el primer incidente ocurrido en esta comunidad. En marzo pasado una unidad represiva, el Escuadrón Móvil Antidisturbios disparó contra una multitud que protestaba por la erradicación forzosa de cultivos ilícitos, cuando el compromiso establece un proceso gradual, voluntario y con la sustitución por otros productos.

A los hechos recientes se suma el asesinato la víspera de una dirigente y comunicadora indígena, Efigenia Vásquez, que cubría manifestaciones en reclamo de tierras en el municipio de Puracé, en el Cauca, cuando la policía disparó.

Se trata de serios llamados de atención al presidente Juan Manuel Santos, quien, recordemos, recibió el Premio Nobel de la Paz por los acuerdos firmados con las FARC-EP, pero no ha logrado aún que ese sueño se convierta paulatinamente en una realidad para una sociedad fracturada por medio siglo de enfrentamiento armado.

Insistimos en que de no ocurrir un cambio de mentalidad en el ejército, la policía y los terratenientes, mientras el paramilitarismo se mantenga como una alternativa de poder, todo lo firmado permanecerá como papel mojado porque la violencia, como el agua entre las rocas, horadará su propio camino. FIN