Por María Josefina Arce
La paz en Colombia transitó por un largo y accidentado camino. Fueron cuatro años de arduas negociaciones entre el gobierno y la otrora guerrillera FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, un esfuerzo que está en peligro y rodeado de incertidumbre.
El ambiente es tenso, pues para muchos está fallando en varios aspectos la implementación del acuerdo de paz, alcanzado en La Habana, y que no es bien visto por determinados elementos como las fuerzas paramilitares, los narcotraficantes y algunos sectores políticos.
Si bien es cierto que fueron décadas de enfrentamiento armado y un año es un período de tiempo insuficiente para sanar heridas y ver resultados, es un hecho que la violencia armada todavía domina la sociedad colombiana.
No se han detenido por ejemplo, los asesinatos de líderes sociales y campesinos y se ha atentado incluso, contra la integridad de antiguos miembros de la ex guerrilla, ahora convertida en el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y que cumpliera a conciencia con uno de los aspectos del convenio, la dejación de las armas.
Es así que en los últimos días un dirigente social e impulsor de la erradicación de cultivos ilícitos de coca fue asesinado por un grupo armado sin identificar en el departamento de Antioquia, en el noroeste del país. Miguel Pérez era integrante de la Asociación Campesina del Bajo Cauca..
Las organizaciones sociales advirtieron que con Pérez son ya 125 los líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en este año, y detallaron que 17 de ellos se encontraban desarrollando acciones de sustitución de cultivos de uso ilícito.
El hecho es que no se ven aún los primeros beneficios de la paz en los territorios de la confrontación armada. En los departamentos de Nariño, Cauca, Chocó, Arauca, Norte de Santander, así como el noreste de Antioquia se vive todavía en la violencia.
A principios de octubre, en Tumaco murieron siete campesinos por disparos de policías, cuando cultivadores de coca se opusieron a la erradicación forzada. Los expertos estiman que está fallando la implementación de los acuerdos de paz, pues existe una descoordinación de las agencias del gobierno.
Esta situación puede atentar contra la confianza y el compromiso por una paz real, tan necesarios para las conversaciones que mantienen en Quito, la capital ecuatoriana, el gobierno colombiano y el ELN, Ejército de Liberación Nacional.
La cuarta ronda se inició precisamente este lunes, esta vez en medio de una tregua bilateral que se prolongará hasta enero y que de acuerdo con los resultados, podría ser prorrogable.
La nueva ronda de diálogo cuenta paralelamente con la presencia de los principales jefes de la ex guerrillera FARC, quienes viajaron a la capital ecuatoriana para reunirse con la delegación negociadora del ELN.
No hay dudas que la paz en Colombia está riesgo. Por eso desde este lunes se inició un paro nacional en reclamo del cumplimiento de los acuerdos de paz y en rechazo a las persecuciones y homicidios de campesinos y líderes sociales en el país.
Fundamentalmente en las zonas rurales, pero con acciones también en las ciudades, el paro es contra quienes quieren echar por tierra el Acuerdo de Paz firmado en La Habana.
