Tegucigalpa, 17 abr (RHC-PL) Con un llamado a luchar por la verdad y la justicia ante el crimen de la líder indígena Berta Cáceres, organizaciones sociales hondureñas piden una exhaustiva investigación para dar con los responsables de su asesinato.

En un llamado difundido al término de un encuentro internacional dedicado a Cáceres, que reunió en la capital hondureña a mil 500 personas, los participantes subrayaron que su homicidio fue "por su lucha y la lucha del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras".

Estamos conscientes de que su asesinato fue por su lucha y la del Comité, "vinculado al criminal modelo extractivista, neocolonial, y femicida que dirige la extrema derecha hondureña e internacional que avanza en el continente con acciones violentas, subraya el comunicado.

Los delegados al encuentro, al que también asistieron ambientalistas de 22 países, se comprometieron a buscar el impulso de una investigación a cargo de un equipo que tome en cuenta el contexto en que Cáceres hacia su práctica política.

Un equipo que identifique la totalidad de autores materiales e intelectuales de su asesinato y de otros responsables de este crimen, apuntaron.

Asimismo, abogaron por luchar por la convergencia de sinergias colectivas, mecanismos de comunicación, acciones territoriales y la conformación de un equipo de trabajo que logre la anulación de los proyectos extractivistas en territorios hondureños.

Los ambientalistas pidieron el cierre de un proyecto hidroeléctrico en el occidente del país que lleva adelante una empresa y el retiro definitivo de la presencia militar de los territorios indígenas, populares, rurales y urbanos.

"A todos los pueblos, hombres y mujeres, les invitamos a que con energía y unidad ética arreciemos la lucha, no renunciemos nunca a la esperanza, y a vivir por adelantado la utopía de justicia, libertad y autonomía que es nuestro legítimo proyecto de vida y felicidad en esta tierra", manifestaron.

Incansable luchadora y activista ambientalista, Berta Cáceres fue asesinada el 3 de marzo en La Esperanza, departamento occidental de Intibucá. Su crimen sacudió al país y a la comunidad internacional, que hoy pide dar con los responsables de su muerte.