por Guillermo Alvarado

Sin el menor escrúpulo ni vacilación el gobierno de Estados Unidos aprobó una ley donde confirma de manera abierta que Puerto Rico sufre un estatus colonial puro y llano, sin ninguna careta como la figura esa de “estado libre asociado” que durante mucho tiempo se exhibió para confundir a la comunidad internacional.

Ni Estado, ni libre, ni asociado. Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos como lo acaba de demostrar ese cuerpo legal llamado “ ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, Promesa, por sus siglas en inglés.

Lo que establece es, ni más ni menos, que un grupo, una junta, nombrada por Washington, será la encargada de regir los destinos de ese pueblo, con lo cual se elimina cualquier vestigio de soberanía que aún pudiera quedar.

Como afirmó el dirigente independentista boricua José Rivera Santana, desde mediados del siglo pasado los puertorriqueños tenían la potestad de elegir autoridades locales que, si bien no ejercían una función soberana, tenían algunos espacios de control, por ejemplo en materia fiscal y administrativa.

Ahora, con la ley promesa, no quedará ni siquiera eso porque las funciones serán usurpadas por un equipo de siete personas con capacidad para decidir sobre el presupuesto, planes fiscales y disponer de todos los bienes y propiedades del pueblo, incluso de venderlos a terceros si fuese necesario para los intereses de la metrópoli.

Se trata de un ejercicio antidemocrático y despótico. Una violación flagrante de los derechos nacionales y humanos de los puertorriqueños, denunció Rivera.

La normativa ya fue firmada por el presidente Barack Obama, por lo que está en plena vigencia y sólo es cuestión de crear las condiciones, es decir nombrar a los miembros del grupo, para que comience a funcionar.

La alcaldesa de la ciudad de San Juan, capital de la isla, Carmen Yulín Cruz Soto, advirtió sobre los efectos perversos de esa ley y aseguró que ningún puertorriqueño digno debe servir a esa junta, que es dictatorial y opresiva.

Entre otras cosas los miembros de la junta pueden aprobar la rebaja de las pensiones de los jubilados, disminución de salarios y el aumento de impuestos, todo ello con el pretexto de pagar la deuda pública de Puerto Rico, tasada en unos 72 mil millones de dólares, una parte de la cual está en manos de fondos buitre de Wall Street.

Antes de que se firmara ese cuerpo jurídico, el ex aspirante a la candidatura presidencial por el partido Demócrata, Bernie Sanders, pidió a sus colegas no apoyar esa iniciativa por medio de una carta denominada “Dejemos de tratar a Puerto Rico como una colonia”.

No obstante, los legisladores la aprobaron y la Casa Blanca la refrendó, lo que demuestra el verdadero estatus de la isla respecto a la potencia norteña.

Existe un axioma jurídico que reza así: “a confesión de parte, relevo de pruebas”, que significa que cuando alguien confiesa una falta, un delito o un error, libera a la contraparte de tener que probarlo.

Que Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos, ya está entonces demostrado. Queda ahora continuar el proceso de su liberación definitiva