por Guillermo Alvarado
Creciente indignación han provocado resoluciones emitidas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador, que ponen en peligro es espíritu y la práctica de los acuerdos de paz, atacan la institucionalidad y pretenden privar al gobierno de los recursos necesarios para atender las necesidades de la población más necesitada de ese país centroamericano.
A los magistrados, que en buena medida obedecen a intereses del sector de la derecha más reaccionaria, se les ocurrió nada menos que la Ley de Amnistía, que permitió la firma de los acuerdos para poner fin a un largo conflicto armado interno, es contraria a la Carta Magna.
El asunto es delicado porque precisamente esa legislación fue uno de los mecanismos que permitió crear un clima de confianza en una sociedad fracturada por la guerra y abrió la puerta lograr la participación en la vida política nacional a los otrora insurgentes, así como la creación de una policía civil y unas fuerzas armadas con otra visión de su papel en la sociedad.
Los acuerdos de Paz en El Salvador están considerados por la Organización de las Naciones Unidas como un referente para poner fin a enfrentamientos internos, pero ahora un grupo de jueces, que pretenden situarse por encima de la Constitución, los están poniendo en peligro, lo cual atenta contra la estabilidad política y social en el llamado Pulgarcito de Centroamérica, justo cuando hay un gobierno de izquierda que está logrando transformaciones estructurales.
Pero la Sala de lo Constitucional no paró allí sus desmanes, pues también frenó la emisión de bonos por unos 900 millones de dólares que el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén tenía programados para utilizar en fortalecer la seguridad y la lucha contra las pandillas y el crimen organizado.
No contentos con esas tropelías, los magistrados borraron de un plumazo la figura del diputado suplente, que está inscrita en la Carta Magna, lo cual implica desmantelar a medias la Asamblea Nacional.
El gubernamental Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional recordó que desde la firma de los Acuerdos de Paz, el país avanzó en la construcción de una sociedad democrática, con separación de poderes, fortalecimiento de las instituciones y un ejército respetuoso del marco legal vigente.
En este sentido, agregó el Frente, las resoluciones recientes son una acción confrontativa e irresponsable, de grave impacto político, social y económico y evidencian la perversa intención de desestabilizar el país y el Estado de derecho.
El ministro de Defensa, David Munguía Payés, consideró que derogar la Ley de Amnistía es un error político y "podría provocar una cacería de brujas que desestabilizará el proceso de paz".
La situación significa llevar hasta el pequeño país centroamericano el proyecto de la derecha regional para desmontar los cambios progresistas en beneficio de los sectores populares, instalar de nuevo la obediencia ciega a los dictados de Estados Unidos y sus programas neoliberales que plagaron de miseria a nuestros pueblos en un pasado todavía muy reciente.
