por Guillermo Alvarado

España cumplió más de siete meses en una aguda crisis política, sin lograr la formación de un nuevo gobierno y ante las perspectivas de tener que convocar a unas terceras elecciones legislativas, en tanto crecen los intentos independentistas catalanes y se avizoran nuevos procesos por corrupción en el conservador Partido Popular, el PP.

El rey Felipe VI –recordemos que España vive bajo una monarquía, el menos democrático de los sistemas- acelera las consultas con los líderes de las principales formaciones políticas para tratar de romper el impase creado en los dos comicios anteriores, cuando ninguna agrupación fue capaz de alcanzar los sufragios suficientes para gobernar por su cuenta.

Hasta el momento ninguna organización, ni Ciudadanos y el Partido Socialista Obrero Español, ambos de centro derecha, o la coalición progresista Unidos Podemos, ha dado el aval para que Mariano Rajoy, del PP, pueda encabezar un nuevo ejecutivo y en el ínterin se adelantan otras jugadas en el complejo ajedrez político de ese país europeo.

La víspera en el Parlamento de Cataluña se aprobó por mayoría una resolución que da luz verde al proceso de separación unilateral de esa región, una exigencia de buena parte de la población catalana.

La iniciativa legal avala una independencia que debe conseguirse en tres fases. La primera consiste en un proceso participativo de las organizaciones políticas y sociales; una segunda de desconexión paulatina con el Estado español así como la convocatoria de unas elecciones constituyentes para la redacción de un proyecto de Constitución, y una tercera de ratificación mediante un referéndum.

El plan de la soberanía catalana hace temblar las rodillas de Madrid, porque es una región con un elevado dinamismo económico y podría ser el primer paso de un desmembramiento del país.

De allí que el gobierno provisional recurrió de inmediato a los tribunales para tratar de neutralizar lo acordado en el Parlamento catalán, pero estamos ante algo que puede tener consecuencias insospechadas en un futuro próximo.

Por si esto fuera poco, una magistrada decidió enjuiciar al PP por el supuesto delito de encubrimiento a causa del borrado de datos sensibles que guardaban las computadoras del anterior tesorero de ese partido, Luis Bárcenas.

Este sujeto fue condenado por corrupción y enriquecimiento ilícito y separado del PP, pero cuando reclamó sus bienes descubrió que los discos duros de sus ordenadores estaban borrados y asegura que allí había pruebas de la implicación de miembros de la dirección del partido en contribuciones ilícitas.

No es ocioso decir que a la clase política española le llueve sobre mojado, mientras continúa su tránsito por una crisis política severa, cuyo final aún no se avizora.