por Guillermo Alvarado
Una enérgica condena despertó el asesinato del viceministro del Interior de Bolivia, Rodolfo Illanes, secuestrado por un grupo de cooperativistas mineros cuando intentó negociar con ellos una salida pacífica al conflicto desatado a principios de este mes, cuando iniciaron protestas violentas incitadas por intereses ajenos a ese sector y a la nación.
La muerte del funcionario fue innecesaria y cruel. Se conoce que fue flagelado, su cuerpo arrastrado por más de un kilómetro y sufrió traumas en el cráneo y el tórax que ocasionaron su deceso.
Un acto de violencia de esta naturaleza borra por completo la legitimidad de cualquier tipo de protesta o reivindicación laboral, económica, política o social y convierte a sus instigadores y autores materiales en vulgares delincuentes sobre quienes debe caer todo el peso de la justicia.
Desde que el presidente Evo Morales y el Movimiento al Socialismo, MAS, asumieron el poder, las cooperativas mineras recibieron numerosos beneficios económicos y fiscales, establecidos por el ejecutivo para desarrollar un área importante en el país y que da empleo a cientos de miles de personas, sobre todo entre los sectores menos favorecidos.
Sin embargo, las apetencias de algunos dirigentes de estas entidades crecieron más allá de los límites y comenzaron a plantear exigencias fuera de las normas legales establecidas, como negociar directamente con el capital privado internacional.
Rechazaron también una ley que garantiza la formación de sindicatos entre los asociados y trabajadores de las cooperativas, varias de las cuales vaciaron los conceptos propios de estas formas productivas y se convirtieron en empresas privadas camufladas, alimentadas por el afán de lucro.
Fue el interés desmedido por las ganancias, alentado por la influencia de transnacionales interesadas en meter las manos en los valiosos recursos minerales de Bolivia, lo que estuvo detrás de los actos de violencia que culminaron con el asesinato de Illanes.
El presidente Morales denunció que en estas acciones hay una conspiración política contra su gobierno y no una reivindicación social, como de manera artera tratan de hacer creer los grandes medios de comunicación y las cadenas internacionales de noticias.
La minería es la segunda industria del país, con más de medio centenar de productos, entre los que figuran estaño, cobre, plata, tungsteno, antimonio y oro. Bolivia cuenta, además, con las mayores reservas de litio de todo el planeta.
Durante los gobiernos neoliberales las transnacionales sacaron de esa nación cuantiosas riquezas y dejaron migajas por concepto de impuestos, lo que cambió cuando el MAS, con Evo Morales a la cabeza, arribó al poder y nacionalizó los recursos naturales para financiar el desarrollo de la población.
El capitalismo, sin embargo, es un monstruo insomne y el asesinato de Illanes es una muestra de hasta dónde es capaz de corromper a los seres humanos, con tal de recuperar sus beneficios y lucrar con la riqueza de otros.
