por María Josefina Arce

Es conocida como la Ley Promesa y establece una junta de control fiscal para avanzar supuestamente en la reestructuración de la deuda de más de 70 000 millones de dólares de Puerto Rico, pero para la mayoría de los puertorriqueños es en realidad una nueva acción injerencista y colonialista de Estados Unidos.

Aprobada por el Congreso norteamericano y firmada por el presidente Barack Obama el pasado 30 de junio, la junta es ya un hecho y, como denunció Puerto Rico en la recién finalizada Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, sus siete miembros fueron nombrados por Obama sin consultar a los puertorriqueños y representan a los sectores financieros de Wall Street.

Para rematar el octavo miembro, precisamente el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, tendrá voz pero no voto en la junta.

Vienen con un solo propósito: cobrar la deuda, pero Estados Unidos en lugar de aliviar ese déficit, que en gran medida es resultado de sus políticas económicas de explotación, agrava el problema, alertó la delegación puertorriqueña.

El hecho es que la junta podrá vender bienes, propiedades, edificios y corporaciones públicas, además de decidir cuáles leyes se aprobarán y cuáles no, utilizando el criterio del impacto fiscal, aunque se perjudique la vida, la salud y los recursos sociales y naturales del país.

Tendrá además el poder para congelar plazas, reducir y despedir personal, rechaza leyes y medidas para el pago de horas extras y explotará abiertamente a los jóvenes al imponerles un salario mínimo de poco más de cuatro dólares la hora.

La decisión norteamericana ha provocado la condena de la población boricua y de numerosas personalidades. La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, afirmó que estaba en contra "de cualquier junta", la cual señaló evidencia que hay que cambiar la relación colonial que hay en Puerto Rico y echarle pecho de frente a la cuestión del estatus político para tener las herramientas para salir de esta crisis.

El independentista boricua Rafael Cancel Miranda por su parte, insistió en que la junta de supervisión es un seguimiento de lo que ocurre en Puerto Rico desde 1898, fecha en que se convirtió en colonia de Estados Unidos.

La realidad es que Puerto Rico, colonia norteamericana, no puede acogerse a la Ley de Quiebras estadounidense, y la justicia federal consideró inconstitucional una medida que el gobierno local aprobó para establecer su propio mecanismo de bancarrota.

O sea que Puerto Rico no tiene soberanía para tomar sus propias decisiones, y sin embargo Estados Unidos con el propósito de sacar a la isla de la lista de países coloniales de la ONU alega que es un Estados Libre Asociado.

Para muchos la legislación pretende para beneficio de los acreedores desangrar al país, que ya vive una situación insostenible, con un desempleo cercano al 12 por ciento y con más de 40 por ciento de su población en condiciones de pobreza.

Trabajos mal pagados, pobre educación, servicios de salud limitados, deterioro urbano, viviendas abandonadas y alto costo de la vida caracterizan el panorama puertorriqueño, que ahora sufrirá las nefastas consecuencias de una junta de fiscalización que muchos califican de dictatorial.