Por Marina Menéndez Quintero

Si la ya constatada ola de despidos, el incremento de la cifra de pobres y el encarecimiento de la vida no resultaran suficientes para que los argentinos consideren que su existencia está en aprietos, hay más motivos para que tomen recaudos.

Según han informado asociaciones de consumidores citadas por el diario Página 12, el pospuesto tarifazo en los precios del gas vuelve con aumentos de hasta 1 300 por ciento que se pondrían en vigor en el próximo año, y aseguran que también habrá nueva subida en los "recibos de la luz".

La inflación se calcula en el 40 por ciento y las familias se quejan de que continúa haciéndose más cara la canasta básica…

Sin mencionar otros descalabros como la reducción de los gastos en educación y salud, ello bastaría para entender por qué organizaciones sindicales y populares se hicieron a las calles este viernes en Buenos Aires, Tucumán,Córdoba, Santa Fe, Salta, Chaco, Río Negro y San Luis, entre otras ciudades, para reclamar se declare la emergencia social y alimentaria.

No se trata de una mera denominación para cualificar la crisis creada por los ajustes que, como en Brasil, se inyectan sin pedir permiso y a sangre fría.

La emergencia tendría carácter de ley y estimularía la creación de un millón de nuevos empleos, reforzaría la asistencia social con el aumento de las denominadas Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo, y crearía un Consejo de la Economía Popular que intervendría para conformar lo que se ha llamado un salario social complementario. Estaría en vigor un año.

A pesar de que es un paliativo, porque de ninguna manera podrá contener un quehacer que seguirá ejecutándose al mejor estilo neoliberal, la medida muestra un escalón superior en la lucha social de hoy en Argentina, incipiente en lo que a Macri y este retorno neoliberal representan, aunque con larga trayectoria e hitos tan importantes como la deposición de Fernando de la Rúa en 2001, con aquel «que se vayan todos» que fue explosión social casi espontánea e incontrolada.

Ahora descuella, sobre todo, el hecho de que la Ley de emergencia social esté uniendo (no sabemos si de forma planificada) a las fuerzas políticas en el Congreso contrarias al ajuste y a los movimientos sindicales y sociales que apoyan la legislación, aunque estén lejos de constituir un ente unitario y sólido.

El proyecto fue aprobado ya en el Senado por 45 votos a favor con el amplio respaldo del Frente para la Victoria (FpV) de la expresidenta Cristina Fernández y otros partidos denominados de centroizquierda y 13 en contra, y ahora debe ir a la Cámara de Diputados, donde la coalición Cambiemos, de Macri, tiene 84 asientos frente a 74 del FpV, aunque otros partidos minoritarios tienen escaños que podrían influir en la balanza.

Claro, no hay que entusiasmarse demasiado. Es muy probable que el mandatario, quien sin cumplir un año en el poder ha emitido ya unos cuantos decretos, vuelva a impedir de un plumazo que la emergencia se materialice.

Por lo pronto, cuando el coste del ajuste se hace más visible, no permanecen inermes quienes lo padecen.

(Tomado del periódico Juventud Rebelde)