por Guillermo Alvarado
Estados Unidos impone o instiga guerras contra la producción y tráfico ilegal de drogas en todo el mundo. En Afganistán uno de los alegados propósitos de la ocupación militar fue frenar el cultivo de amapola; en Colombia el plan que lleva el nombre de esa nación sudamericana mantiene secuestrada la soberanía, en tanto los mexicanos conocen muy bien el precio doloroso de ese combate, que ha costado decenas de miles de vidas.
Sin embargo, Washington está perdiendo la batalla dentro de sus propias fronteras, donde la cifra de fallecidos por el uso indebido de narcóticos se triplicó en los últimos años, de acuerdo con estadísticas oficiales.
Entre 2010 y 2015 las muertes por sobredosis se incrementaron en 33% en todo el país, pero hay algunos estados donde este ritmo de crecimiento fue mayor, como ocurrió en New Hampshire, donde alcanzó el 191%.
Otros muy afectados por este penoso fenómeno fueron Dakota del Norte, Massachusetts, Connecticut y Maine, con más del 100% de alza de fallecidos, reportó el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades.
En 2015 el número de muertes por sobredosis fue de 52 000, superior a las ocasionadas por los accidentes de tránsito y las heridas por armas de fuego, incluidos suicidios y homicidios, lo que significa que el consumo de drogas en uno de los principales riesgos para la vida en esa nación, y también demuestra que la política seguida hasta el momento es un fracaso.
Un problema grave para las autoridades estadounidenses es que casi dos tercios de los decesos ocurrieron debido al consumo de fármacos derivados del opio, como el ilícito fentanilo, y el Oxycontin y Vicodin, que se venden con receta médica.
En cuanto a las muertes causadas por heroína, hubo aumentos en 11 estados, y entre los que registraron mayores tasas de incremento están Carolina del Sur, (57,1%), Carolina del Norte (46,4%) y Tennessee (43,5%).
Reportes anteriores señalan que hubo también un cambio en los patrones sociales del consumo de estupefacientes, que ya salieron de los barrios periféricos y ahora afectan a la población joven de capas medias y altas de los centros urbanos.
Este es uno de los principales retos para el gobierno de Donald Trump, que ocupará su cargo el 20 de enero. Un tema, por cierto, que estuvo lejos del foco de atención durante la campaña electoral.
El ejecutivo tendrá que decidir si continúa financiando costosas e inútiles contiendas en el exterior, o cambia su enfoque hacia un programa multidisciplinario, que incluya medidas políticas, sociales y económicas para enfrentar el problema donde debe ser, bajar el consumo y proteger a la población.
La actual estrategia basada en criterios militaristas fuera de las fronteras ya demostró su ineficacia, pues sólo ha servido para fortalecer a los carteles del narcotráfico, el mercado negro de armas y la poderosa industria del lavado de activos.
Como buen negociante, Trump debe saber que una vez terminado el consumo, la oferta cae por su propio peso, algo que sus predecesores parecen no haber comprendido a cabalidad.
