por Guillermo Alvarado

Numerosas interrogantes se abren en estas semanas sobre el destino de más de 11 millones de personas que viven en Estados Unidos de manera irregular, a quienes el presidente electo de la nación norteña, Donald Trump, amenazó durante su campaña con expulsar y construir un muro en la frontera con México para impedir nuevos ingresos de indocumentados.

Todavía no se sabe si esta amenaza se va a consumar en la práctica, pero el fenómeno de la migración irregular genera atención de instituciones y especialistas en numerosos países de nuestra región, de manera particular en los principales emisores de viajeros que buscan escapar de la pobreza, las desigualdades y la violencia.

Los mexicanos tratan de adivinar con inquietud cuál será la política de Trump, pero no dejan de advertir que durante la administración de Barack Obama se realizaron las mayores deportaciones en la historia reciente.

Sólo en el año fiscal que abarcó de octubre de 2014 a septiembre de 2015 fueron expulsados de Estados Unidos más de 242 000 ciudadanos mexicanos, lo que representa el 72% del total de 333 000 inmigrantes repatriados.

Entre 2009 y 2015 fueron más de 2,9 millones de indocumentados mexicanos los deportados, cifra que supera los dos millones registrados durante los 8 años del presidente George W. Bush, y eso que Obama llegó a la Casa Blanca con la promesa de promover una amplia reforma migratoria y favorecer a quienes carecen de papeles.

Pero en México este fenómeno tiene otras connotaciones, pues casi lo mismo que sus ciudadanos sufren en la frontera norte, lo practican sus autoridades migratorias en el sur contra quienes arriban del llamado Triángulo Norte Centroamericano, es decir Guatemala, Honduras y El Salvador.

México se ha convertido en una barrera difícil de franquear y, para que se tenga una idea, véase el siguiente dato: entre octubre de 2014 y septiembre de 2015 se registraron desde allí 126 000 deportaciones de migrantes centroamericanos, en contraste con las 106 mil realizadas por Estados Unidos.

Además de las dificultades propias de un viaje tan complejo, quienes atraviesan ese territorio están expuestos a abusos de autoridades corruptas, bandas de asaltantes, de secuestradores con fines de explotación sexual o laboral, y narcotraficantes.

Para los gobiernos centroamericanos es objeto de preocupación el incremento de menores de edad, hombres y mujeres, que viajan sin acompañantes o acogidos a la custodia de un traficante, los llamados “coyotes”, que suelen abandonarlos ante la menor dificultad.

El retorno no es una opción para estos niños, sobre todo para quienes van huyendo de las pandillas juveniles, las llamadas “maras”, por lo que prefieren seguir adelante a pesar de todos los peligros en un viaje que suele terminal mal.

Algunas entidades, como la Organización Internacional para las Migraciones, aseguran que la única solución es que los países expulsores de migrantes adopten las medidas necesarias y ofrezcan garantías de salud, educación y trabajo a sus ciudadanos, algo que para muchos suena más a ciencia ficción que a realidad.