por Guillermo Alvarado

Una verdadera pataleta hepática está protagonizando el Estado de Israel, que comenzó a aplicar represalias diplomáticas contra los países que votaron en el Consejo de Seguridad de la ONU a favor de una resolución donde se condena la construcción de colonias en territorios ocupados de Palestina.

Tel Aviv arremetió contra el Consejo de Seguridad, donde de manera inédita Estados Unidos renunció a ejercer su derecho al veto y se abstuvo, lo cual abrió la puerta para que prosperara el texto presentado en conjunto por Venezuela, Malasia, Senegal y Nueva Zelanda, que recibió el apoyo de los otros miembros de ese órgano.

El proyecto fue elaborado originalmente por Egipto, pero esta nación optó por retirarlo debido a las presiones de Israel y del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

La resolución confirma que la colonización israelí de Cisjordania es ilegal, viola las normas internacionales y representa un serio obstáculo para la solución de este conflicto, de manera particular la creación de dos estados, Israel y Palestina, que vivan en armonía dentro de las fronteras anteriores a la guerra de 1967.

El primer ministro sionista Benjamín Netanyahu ordenó a sus ministros que durante las próximas cuatro semanas, hasta la toma de posesión de Trump en Washington, se abstengan de viajar o se reúnan con representantes de 12 gobiernos que votaron a favor de la resolución: España, Francia, Rusia, Reino Unido, China, Japón, Egipto, Uruguay, Angola, Ucrania, Senegal y Nueva Zelanda.

Haciendo el papel de víctima, Netanyahu lamentó que Estados Unidos no hubiese vetado el documento y calificó la acción del Consejo de Seguridad como “sesgada y hostil”, a la vez que anunció que no cumplirá con el contenido del texto, en un claro desafío a la comunidad internacional.

Cerca de medio millón de colonos israelíes viven en 140 asentamientos construidos en territorio palestino desde la ocupación de Cisjordania y el este de Jerusalén en 1967. En numerosas ocasiones sus legítimos habitantes fueron expulsados previamente, sus viviendas destruidas y sus árboles arrancados.

Autoridades palestinas saludaron la resolución como un esfuerzo para alcanzar la paz en ese territorio, que no ha conocido sosiego desde la creación del Estado de Israel en mayo de 1948.

La política agresiva del régimen sionista ha provocado una gran diáspora palestina y que millones vivan bajo un sistema de ocupación tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza.

El embajador de Rusia ante la ONU, Vitali Churkin, aseguró que la resolución contra los asentamientos "contiene un llamamiento a las dos partes a poner fin a la manifestación de la violencia”, y recordó que una solución definitiva sólo puede alcanzarse por el diálogo y la negociación directa y sin condiciones previas entre Israel y Palestina, con el apoyo de la comunidad mundial.

Una dura tarea, no cabe dura, que debiera estar iluminada por aquella sentencia de José Martí que asegura que: “En la justicia no cabe demora: y el que dilata su cumplimiento, la vuelve contra sí”.