por Guillermo Alvarado

Decenas de miles de mexicanos tomaron las calles de la capital y otras ciudades del interior del país desde el primer día del año, en una airada protesta por el aumento de los combustibles decretado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, y que impactará con dureza en el costo de la vida.

Desde el 1 de enero los diversos tipos de gasolina aumentaron en 20 por ciento y el diésel en 16, con el pretexto de homologar los precios con los mercados internacionales y el costo del petróleo.

Lo paradójico del caso es que se trata de un país que desde la nacionalización de esta industria por el presidente Lázaro Cárdenas en 1938, es un fuerte productor de crudo y hasta hace años era autosuficiente en materia energética e incluso exportaba combustible y otros derivados.

Las reformas neoliberales aplicadas en los últimos gobiernos provocaron que la empresa Petróleos Mexicanos, PEMEX, deba importar gasolina para satisfacer la demanda nacional, lo que ha provocado sucesivos aumentos, si bien ninguno tan elevado como el aplicado desde el inicio de 2017, que motivó un amplio rechazo popular e, incluso, de sectores empresariales que se sumaron a las protestas.

El descontento es mayor porque le medida incluye la apertura del mercado a empresas extranjeras para que participen directamente en la venta de gasolina, lo que pone fin al monopolio de la estatal PEMEX y deja a la población sujeta a las políticas de precios de firmas transnacionales.

Expertos señalan que este último paso era innecesario porque existe la capacidad instalada para producir suficientes combustibles sin necesidad de permitir el ingreso de compañías foráneas. Lo único que hace falta, indican, es aumentar la eficacia de las refinerías que en la actualidad operan sólo a un 60 por ciento por fallas en la administración.

Aunque el gobierno lo niega, el aumento del precio de las gasolinas y el diésel provocará una reacción en cadena en el valor de los alimentos, el transporte de pasajeros y mercancías y otros servicios.

Las protestas se han mantenido en los primeros días del año y al rechazo al denominado “gasolinazo” comenzaron a sumarse pedidos para que renuncien los miembros de las cámaras de diputados y senadores y el mismo presidente Peña Nieto.

El malestar coincide con la peor crisis en el valor de la moneda nacional, el peso mexicano, que perdió más del 16 por ciento respecto al dólar tras la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.

Este miércoles la moneda mexicana cayó de nuevo a mínimos históricos tras el anunció de la compañía Ford de cancelar una inversión de mil 600 millones de dólares en una planta ubicada en la ciudad de San Luis Potosí, luego de que la víspera Trump amenazara con ponerle sanciones por producir vehículos en México.

Ls situación mexicana es dramática y no parece tener una solución a corto plazo, a menos que Peña Nieto haga caso del clamor popular y en lugar de imponer nuevas cargas a la sociedad, se dedique a protegerla de lo que se avizora como una tormentosa relación con su poderoso vecino del norte.