por Guillermo Alvarado

El 70% de los habitantes de la capital federal de Argentina y sus áreas adyacentes consideran que su situación económica está peor que cuando comenzó el gobierno presidido por Mauricio Macri y temen que en el futuro las cosas sean aún más difíciles, según reveló un estudio denominado Monitor del Clima Social.

Más allá de un sentimiento subjetivo de inseguridad, la muestra, realizada por el Centro de Estudios Metropolitanos, indica que más de una tercera parte de los habitantes de esta región afirmó que en 2016 tuvieron que reducir la cantidad y la calidad de sus alimentos y un 20% señaló que alguien de su familia pasó hambre en algún momento por no tener dinero suficiente para adquirir comida.

El director del Centro, Matías Barroetaveña, dijo que el monitoreo mide sobre todo percepciones, pero así y todo ya se observa que hay un desfase entre las expectativas que despertó Macri, sobre todo con su lema de un gobierno para el cambio en Argentina, y la realidad que se vivió el año pasado.

Por lo menos un 45% de los entrevistados aseguran que sus ingresos son insuficientes y eso les causa problemas y esta sensación es más aguda en el llamado segundo cordón del Gran Buenos Aires, agregó el especialista.

Al mismo tiempo crece entre la población el temor de perder su trabajo en los próximos meses, lo que agravaría sobremanera su situación personal y la de toda su familia, en particular en los más vulnerables, como los niños y los ancianos.

El monitoreo, que se repetirá de manera periódica, reveló que en términos generales las incertidumbres son mayores entre las mujeres, los jóvenes y, en especial, entre quienes no tienen estudios de nivel medio o alto.

Desde que Macri asumió el poder comenzó una serie de ajustes de corte neoliberal que implicaron el despido de decenas de miles de trabajadores en el sector público, con el pretexto de que los gastos del Estado son muy elevados y había un fenómeno de sobre empleo. Esta práctica pronto se extendió también a la empresa privada.

Además, al eliminarse el control oficial de la paridad de la moneda nacional frente al dólar estadounidense, hubo un crecimiento acelerado de la inflación, impulsada por el incremento de las tarifas de servicios públicos indispensables, como la electricidad, el gas, el transporte y los combustibles.

Por el contrario, se eliminaron o redujeron de manera sustancial los impuestos para los principales productos de exportación, lo que favoreció a los grandes grupos empresariales, entre ellos el ganadero y los productores de soja.

Hubo también una arremetida contra las organizaciones sindicales y sociales y uno de los más claros ejemplos es el de la luchadora por los derechos indígenas, Milagro Sala, quien en estos días cumplió un año de sufrir prisión.

En general Macri está concitando hacia su administración un fuerte descontento popular, que de seguir así pasará pronto del desconcierto y la incertidumbre a la defensa más activa de los derechos sociales, económicos y humanos, en un país con una gran tradición de lucha que ya dio al traste con más de un gobierno.