por Guillermo Alvarado

Dentro del paquete de medidas que anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para presuntamente detener el flujo de indocumentados figura una directiva que ataca a las denominadas “ciudades santuario”, a las que amenaza con privarlas de fondos federales si persisten en las políticas de apoyo a quienes carecen de papeles para residir legalmente en ellas.

El término “santuario” se aplica a instituciones, urbes, condados e inclusive a estados que ponen en práctica medidas para limitar la colaboración con las autoridades federales de inmigración y ofrecen servicios básicos, como educación, asesoría legal y fuentes de empleo.

No se trata de una denominación legal y las fórmulas para aplicarla varían de un lugar a otro, pero el común denominador es proteger a los indocumentados en la medida en que sea posible.

En ocasiones se suman hasta establecimientos privados, como ocurre en Nueva York, donde decenas de restaurantes se han declarado como santuarios y brindan trabajo a quienes están en situación irregular.

Hasta donde se conoce, estas prácticas comenzaron a aplicarse en los años 80 del siglo pasado, cuando autoridades de la ciudad de Los Ángeles pidieron a la policía que dejara de interrogar a algunas personas solamente para determinar su estatus migratorio.

En 1989, la ciudad de San Francisco aprobó una ordenanza que prohibía el uso de los fondos de la urbe para apoyar las leyes federales de inmigración.

Si con el tema del muro el presidente Trump se creó un problema con México, ahora con las restricciones de fondos federales a los santuarios corre el riesgo de crear un frente interno de insospechadas consecuencias, pues entre las más de cien ciudades afectadas figuran algunas de las principales del país, como Nueva York, Chicago, Boston, Houston, San Francisco, Los Ángeles, Denver, Seattle, San Diego, Washington DC y Austin.

Las reacciones no se hicieron esperar y el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, dijo que seguirán practicando esta conducta. “No hay extraños entre nosotros, le damos la bienvenida a la gente”, afirmó el jefe edil.

De igual forma la policía de los Ángeles señaló que apoyar las políticas antiinmigrantes del presidente Trump “no es nuestro trabajo”. En términos similares se pronunció Bill de Blasio, alcalde de Nueva York, que ofreció apoyo a las familias trabajadoras independientemente de su condición migratoria.

En muchos casos los problemas van a terminar en litigios legales de mediana y larga duración y las cosas no serán tan fáciles como Trump se imagina.

Un mal comienzo para un presidente recién estrenado que desde sus primeras decisiones está creando divisiones y conflictos entre el gobierno federal y varias ciudades y estados, precisamente en el país que prometió unir para retomar lo que él cree que es su grandeza pasada.