David Brooks, Corresponsal Periódico La Jornada

Las medidas y declaraciones incesantes de Donald Trump intensifican un feroz conflicto político en Washington no sólo con sus opositores, sino entre su supuestos aliados y hasta dentro de su propio equipo, generando un ambiente de incertidumbre entre la clase política que a la vez complace a sus fanáticos, ya que su teatro parece cumplir con lo que prometió: sacudir a Washington.

Mientras tanto, continuaron las protestas contra su gobierno dentro y fuera de Washington, desde actos de desobediencia civil y nuevas demandas legales interpuestas por procuradores generales estatales, hasta una creciente ola de disidencia dentro de la burocracia diplomática.

La crisis generada en torno a la orden ejecutiva que cierra fronteras a musulmanes de siete países, la destitución fulminante el lunes de la procuradora general en funciones Sally Yates inmediatamente después de que declaró haber ordenado a fiscales no defender esa orden ejecutiva (provocando recuerdos de cómo Richard Nixon cesó a altos funcionarios de justicia que rehusaron frenar las investigaciones sobre su abuso de poder en el caso Watergate), y respuestas hostiles contra opositores y los medios, entre otras cosas, fue empleada hoy por dirigentes demócratas para frenar las ratificaciones de varios nominados a puestos en el gabinete.

Senadores demócratas boicotearon, y con ello postergaron, las sesiones para las ratificaciones de Steven Mnuchin, próximo secretario del Tesoro, y de Tom Price, nominado a secretario de Salud, al insistir en que no habían sido transparentes en sus presentaciones. Otros demoraron y anunciaron su intención de descarrilar la ratificación de Jeff Sessions como próximo procurador general (puesto que también es jefe del Departamento de Justicia), con el argumento de que sería demasiado cercano a Trump.

El senador Sessions es uno de los políticos más antimigrantes en el Congreso, y aunque afirmó que no tuvo mano en las recientes órdenes ejecutivas sobre migración, nadie duda que las apoyará plenamente.

Líderes republicanos criticaron las maniobras de sus colegas; el líder de la mayoría republicana en la cámara alta, Mitch McConnell, acusó que los demócratas aún están enojados por perder la elección, pero afirmó que es hora de proceder, recordando que, por la sencilla razón de que los republicanos tienen la mayoría, al final nada de esto llevará a un resultado diferente.

Pero más allá de la respuesta política poco sorprendente de los demócratas, también hay expresiones notables de irritación y hasta de ira entre los republicanos ante su presidente, e incluso dentro del propio gabinete en formación.

Aunque Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes, apremió a sus colegas a apoyar la prohibición de todo inmigrante o refugiado proveniente de siete países musulmanes, varios legisladores expresaron su irritación porque la Casa Blanca no consultó con ellos, ni les notificó, sobre la orden (aun cuando muchos no tienen problemas con el contenido). Aunque siempre se ofrece amplio margen de maniobra a una nueva presidencia, muchos legisladores republicanos indicaron que debería haber mayor coordinación y un manejo más profesional en la operación de la Casa Blanca.

Pero aún más grave es que transcendió que tampoco invitó ni consultó a su propio gabinete en formación. Se reportó que el próximo secretario de Estado y ex ejecutivo en jefe de la Exxon Mobil, Rex Tillerson, dejó claro que no había sido consultado sobre el contenido de la orden. El general John Kelly, secretario de Seguridad Interior (dentro de la cual están la agencia de inmigración, aduanas y Patrulla Fronteriza, o sea, las que tenían que implementar las órdenes), tampoco fue consultado. El general John Mattis, secretario de Defensa, y el jefe del estado mayor, Joseph Dunford, aunque tenían conocimiento general de la orden, tampoco conocían los detalles hasta el anuncio público, algo que según algunos medios dejó algo irritado al general.

Al parecer, sólo el círculo íntimo de Trump, aparentemente bajo control de su consejero principal, Stephen Bannon, manejó uno de los momentos más delicados de la nueva administración.

Todo esto ha alimentado un ambiente calificado por algunos de caos e incertidumbre en el cual casi nadie sabe qué esperar, como si cualquier cosa fuera posible. Más aún, cunde asombro porque cualquier intento institucional de expresar crítica o responder de manera contraria a una iniciativa o declaración de esta Casa Blanca invariablemente ha recibido una respuesta hostil, ofensiva y hasta acompañada de amenazas (frecuentemente a través de Twitter).

Pero varios políticos y analistas señalan que todo eso está enviando señales a las bases fieles de Trump de que el presidente está cumpliendo con su promesa de sacudir al establishment. Los gritos de protesta y crítica de la clase política, para ellos, no es más que prueba de que el nuevo jefe es un hombre de acción que cumple su palabra.

Actos de resistencia civil mantienen la alarma e ira contra las medidas de Trump. Este martes Ann Wright, coronel retirada y activista de Código Rosa, fue arrestada al irrumpir en la audiencia de ratificación de Sessions con la consigna de que es un racista e islamofóbico, y no puede ser nuestro próximo procurador general. A lo largo del día, 47 activistas fueron arrestados, reportó la policía del Capitolio, no sólo en contra de Sessions, sino también contra esfuerzos por anular la reforma de salud de Barack Obama.

A la vez, la lista de más de 100 funcionarios del servicio diplomático que se oponen a la orden ejecutiva contra musulmanes se multiplicó y ya superó más de mil, reportó el New York Times. El llamado cable de disidencia circuló por el Departamento de Estado y sus embajadas alrededor del mundo, y para esta tarde ya había acumulado muchas más firmas que cualquiera en los últimos años (el Departamento de Estado tiene 7 mil 600 funcionarios del servicio exterior y 11 mil empleados civiles).

Otros tres procuradores generales estatales (Nueva York, Virginia y Massachusetts) se sumaron al del estado de Washington y presentaron demandas judiciales contra la orden ejecutiva anti-musulmana de Trump. Se espera que se sumen más a este esfuerzo, calificando la orden de ilegal. Este es un presidente que no tiene respeto por el estado de derecho, dijo Eric Schneiderman, procurador del estado de Nueva York, a la agencia Ap.

Pero también las protestas de actores poderosos en el sector privado continuaron, hasta contribuir a un desplome en la Bolsa de Valores el lunes, después de que una creciente lista de empresas condenaron públicamente la orden ejecutiva antimusulmana. Starbucks anunció ayer que contratará a 10 mil refugiados en los próximos cinco años en respuesta a Trump. Empresas del sector tecnológico como Google (cuyo cofundador Sergey Brin participó en una protesta en el aeropuerto de San Francisco) y Microsoft, entre otras de los sectores automotriz y bancario reprobaron la acción del presidente.