por Guillermo Alvarado
Numerosas voces se alzaron en días recientes en El Salvador para que la Asamblea Legislativa emita una ley donde se prohíba definitivamente la extracción minera que utiliza agentes químicos peligrosos, como el cianuro, que causan un daño grave al medio ambiente y ponen en peligro la vida humana.
Alcaldes, organizaciones sociales, la iglesia católica y la Universidad Centroamericana presentaron una demanda a los diputados para acelerar esta legislación y que no escuchen las propuestas y argumentos de grandes consorcios internacionales, interesados en explotar las riquezas naturales del país.
Entre los años 2000 y 2010 el gobierno salvadoreño recibió 95 solicitudes, tres para la explotación de yacimientos y 92 para la exploración, si bien una moratoria dictaminada en 2009 evitó que se llevaran a la práctica.
Ahora, sin embargo, los defensores del medio ambiente señalan que la simple moratoria es insuficiente porque nada garantiza que en el futuro sea levantada y se abran las puertas a las corporaciones mineras transnacionales.
Existen ya lamentables ejemplos de lo que esta actividad extractiva puede significar para la naturaleza y la población. Tal es el caso de la degradación sufrida por el río San Sebastián, ubicado en el departamento de La Unión, donde el drenaje ácido generado por la multinacional Commerce Group desde 1968 hizo que las aguas tomaran un color marrón y despidieran un olor fétido.
Los análisis demostraron que el líquido del afluente ya no es apto para el consumo humano ni para labores domésticas debido al elevado grado de contaminación.
El arzobispo de San Salvador, José Luis Alas, entregó al organismo legislativo un proyecto de ley para erradicar la minería metálica y prohibir el uso de cianuro y otros químicos dañinos.
Andreu Oliva, rector de la Universidad Centroamericana, recalcó que la ausencia de un instrumento legal constituye un grave peligro para el medio ambiente, pero de manera particular para las fuentes de agua del país, que ya son muy escasas.
Recordó el académico que las transnacionales recurren a muchas estratagemas para convencer a autoridades y pobladores, entre ellas la supuesta ejecución de obras sociales en los lugares que les interesa explotar.
Los ambientalistas han hecho varias denuncias sobre la persecución de que son víctimas por parte de agentes de las corporaciones mineras. Entre 2009 y 2011 cuatro activistas salvadoreños fueron asesinados.
Lina Pohl, titular del ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, aseguró que en El Salvador no existen condiciones ambientales para practicar la minería metálica a cielo abierto y dijo que este es un buen momento para que la Asamblea Legislativa discuta y apruebe una ley que la prohíba.
Además del daño ocasionado al entorno, las grandes empresas transnacionales trasladan al exterior enormes riquezas y solo dejan atrás mínimas regalías y cuantioso territorio dañado, en ocasiones de manera irreversible.
