por María Josefina Arce
Venezuela quiere relaciones de respeto en el marco de la igualdad, ha afirmado en reiteradas ocasiones el presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, en los 18 años de Revolución Bolivariana el país ha sido objeto de constantes ataques de diversos sectores y de los sucesivos gobiernos norteamericanos.
Bajo la presidencia de Maduro esas agresiones se han intensificado y tras las viperinas palabras de solidaridad con el pueblo venezolano por supuestas violaciones de los derechos humanos, Estados Unidos esconde su intención de alentar el caos en la nación sudamericana para propiciar una intervención y apoderarse de sus cuantiosos recursos.
Diversas formas y estrategias ha desarrollado con este fin como el financiamiento a la oposición venezolana, que ha recurrido a acciones violentas como las de 2014 en las que murieron más de 40 personas y a una guerra económica con el fin de desestabilizar al gobierno.
La utilización de la moneda nacional, el bolívar, y ataques cibernéticos contra la banca han sido otras de las acciones de la derecha, apoyada por diversos sectores norteamericanos, para intentar crear incertidumbre.
Recordemos también que Caracas dejó al descubierto hace dos años que varios oficiales de la Aviación del Ejército, financiados por el gobierno estadounidense pretendían llevar a cabo un golpe de estado en tres fases.
Tampoco podemos olvidar el decreto del entonces presidente Barack Obama de marzo de 2015 que calificaba a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.
La acción presidencial fue extendida el pasado año e incluyó el congelamiento de bienes en su país a ciudadanos venezolanos así como la prohibición de entrada a territorio norteamericano.
Venezuela recibió el apoyo unánime de más de 160 países y organizaciones internacionales que solicitaron al presidente Obama derogar ese decreto.
Ahora el vicepresidente Tareck El Aissami fue incluido unilateralmente en la lista de personas relacionadas al narcotráfico de la Oficina de Control de Activos de Estados Unidos, las cuales son sancionadas bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico.
De ilegal, injerencista e inaudita fue calificada por las autoridades venezolanas la nueva agresión norteamericana, basada en la mentira y la difamación.
El presidente Maduro señaló que Washington sanciona a los países que más combaten el cultivo de drogas y capturan a narcotraficantes, como es el caso de Venezuela, mientras que naciones con grandes producciones de droga no son sancionadas.
De hecho desde que la DEA, Agencia antidrogas de Estados Unidos, salió de Venezuela, en 2005, el promedio de incautación de drogas aumentó a más de 46 toneladas por año en la nación sudamericana.
Las agresiones contra el pueblo y el legítimo gobierno venezolanos no se detienen, pero el presidente Maduro ha insistido en que la estabilidad de Venezuela solo la garantizan los venezolanos, al tiempo que enfatizó que la mayoría de los ciudadanos del país quieren paz, diálogo y trabajo para continuar profundizando la Revolución Bolivariana que desde su triunfo cambió el rostro del país para transformarlo en más justo y equitativo.
