Por María Josefina Arce

El Salvador tiene un gran potencial de oro y plata que ha despertado por décadas la codicia de las transnacionales mineras. El subsuelo del departamento salvadoreño de Cabañas atesora grandes cantidades de esos dos minerales, sin embargo uno de cada tres de sus habitantes vivían en la pobreza antes de la llegada en 2009 a la presidencia del Frente Farabundo Martí, pues la explotación de estos recursos jamás redundó en un beneficio social.

Alentadas por la Ley de Minería aprobada en la década de los noventa del siglo pasado por el gobierno derechista de ARENA, Alianza Republicana Nacionalista, que comenzó a otorgar licencias para la exploración de oro y plata, las grandes compañías pusieron su atención en el territorio salvadoreño.

Desde 1993 la llamada mina de El Dorado, que también atesora uranio, comenzó a ser explotada por la firma norteamericana Mirage Resource Corporation. Años después sería la canadiense Pacific Rim Mining Corporation la que asumiría las operaciones.

Se iniciaría entonces, un movimiento de lucha de los pobladores de la zona contra la minería metálica por su daño a la naturaleza, su desmesurado gasto de agua y por el uso de metales pesados para el proceso de extracción.

La victoria en las urnas de Mauricio Funes, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, en 2009 permitió la consolidación de una nueva política hacia la minería, incluyendo una moratoria.

De hecho Funes emitió un decreto en el que afirmaba que bajo su administración no habría concesiones mineras, lo que le valió una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones por más de 300 millones de dólares presentada por la firma canadiense.

La empresa fue señalada de estar detrás del conflicto comunitario que entre el 2009 y el 2011 desembocó en el asesinato de cuatro activistas ambientales en el departamento de Cabañas.

Ahora los pobladores del municipio salvadoreño de Cinquera, en Cabañas, rechazaron en consulta popular la exploración y explotación minera metálica en sus bosques por compañías trasnacionales con proyectos en este país, por considerar que causarían un significativo e irreversible daño ecológico.

Observadores internacionales velaron por la transparencia de la consulta que ya también tuvo lugar en San José Las Flores, Arcatao, San Isidro Labrador y Nueva Trinidad, en el departamento de Chalatenango, donde el 99 por ciento de los consultados se opuso a esa actividad.

En Cinquera se realiza un sostenido trabajo en la defensa del medio ambiente desde la firma en 1992 de los Acuerdos de Paz en El Salvador, y el resultado ha sido una sólida biodiversidad cuya supervivencia amenazaba los proyectos de minería.

Además de la flora y la fauna, existen numerosos manantiales cuyas aguas abastecen a la población .

De acuerdo con los analistas sería casi suicida para El Salvador abrirle las puertas a un procedimiento que arreciaría la crisis hidráulica, y afectaría a la agricultura, la ganadería, el agua, el aire y el suelo.

Por eso, el gobierno del Frente Farabundo Martí ha promovido la consulta popular para conocer la opinión de los pobladores y encauzar sus inquietudes sobre el tema de la minería metálica.