por Guillermo Alvarado
A pesar de las demoras de la parte gubernamental en acondicionar los campamentos que acogen a unos siete mil efectivos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, FARC-EP, la organización rebelde cumplió su compromiso de iniciar este miércoles el proceso de la dejación de las armas.
De esta manera se comienza a cumplir uno de los acuerdos más importantes para alcanzar la paz entre el ejecutivo y este grupo insurgente y poner fin a un conflicto armado interno de medio siglo de duración, que costó cientos de miles de muertos y desaparecidos y millones de desplazados.
El presidente Juan Manuel Santos y el líder guerrillero Rodrigo Londoño, también conocido como Timoleón Jiménez, o Timochenko, sellaron definitivamente el pacto de paz el 24 de noviembre de 2016, luego de cuatro años de negociaciones en La Habana y un fallido plebiscito para que la población otorgara autoridad al jefe de Estado para poner en práctica todo lo acordado.
Las armas y otros pertrechos en manos de los combatientes serán entregadas en un plazo de 180 días a una comisión encabezada por una misión de la ONU, que también integran representantes del gobierno y de las FARC-EP.
Una vez terminado el proceso serán fundidas y con el material así obtenido se erigirán monumentos dedicados a la paz, que serán instalados en diversos lugares de la geografía colombiana.
El primer paso en este camino será el registro de las armas por un grupo de expertos y la determinación de un programa para la destrucción de los materiales considerados “inestables”, como las municiones, los explosivos y las minas.
Las primeras que serán entregadas corresponderán a los 322 miembros de las FARC-EP que forman parte del mecanismo de verificación y seguimiento.
El comienzo de este proceso es una clara muestra de buena voluntad de los rebeldes de impulsar los acuerdos de paz, a pesar de las demoras ocurridas y las fallas logísticas para el acondicionamiento de los campamentos, en muchos de los cuales faltan obras de infraestructura y tienen problemas con la instalación de agua potable, electricidad y drenajes.
Lo iniciado este miércoles es un paso de avance, pero aún faltan cosas por hacer, entre ellas acelerar la creación de las leyes, como la aprobada la víspera, que darán garantía jurídica a los desmovilizados de que se logrará su efectiva incorporación a la vida civil y su organización como un partido político.
Hay fuerzas oscuras, entre ellas las que maneja el expresidente Álvaro Uribe, que se oponen a la paz, la reconciliación nacional y buscan dar al traste con este proceso.
También falta el espinoso camino de negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, que apenas están en la fase inicial y ya ha sufrido algún traspié.
No es la velocidad, sino la profundidad de cada paso lo que garantizará el éxito y permitirá no sólo el final de los combates, sino dar una nueva oportunidad a esa sociedad para el desarrollo con justicia social y total inclusión.
