por Roberto Morejón

La política hostil del nuevo presidente estadounidense, Donald Trump, hacia los inmigrantes sin papeles, los lleva a sentir miedo e incertidumbre.

Si bien las redadas ordenadas por el gobierno NO son generalizadas aún, las ya ejecutadas junto a la retórica inflamada hacia los indocumentados promovieron manifestaciones de protesta y solidaridad de sectores anglosajones y afrodescendientes.

Expertos dijeron que las demostraciones públicas han sido menos masivas de lo esperado porque los ilegales prefieren mantenerse discretamente en sus empleos o viviendas, ante el temor de ser delatados y llevados a la frontera.

Pero los hijos de muchos de los casi once millones de inmigrantes sin documentos nacidos en Estados Unidos sí van a las calles a proyectar las voz de sus progenitores.

También se alerta sobre el aumento de arrestos de beneficiarios del programa denominado de Acción Diferida impulsado por el expresidente Barack Obama para proteger de la deportación a casi 750 mil indocumentados llegados cuando niños a Estados Unidos.

Debemos aclarar que bajo la administración de Obama nunca se frenaron las deportaciones de inmigrantes ilegales adultos.

Para incrementar el proceso están Trump y hasta varios congresistas, como el líder republicano de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, quien defendió las redadas.

Organizaciones humanitarias destacaron que al criminalizar a los extranjeros residentes fuera de la ley se olvida el papel real jugado por ellos en la economía.

Aunque traten de presentarlos a todos como criminales, los inmigrantes ayudan a sostener al país norteño en áreas como el campo, los servicios, la construcción y otras ocupaciones, con frecuencia desdeñadas por los anglosasjones.

Incluso, los sectores ahora vilipendiados y amenazados con la deportación por las autoridades contribuyen a la economía mediante los impuestos.

Un estudio del Instituto de Política Económica y Fiscal afirma que los inmigrantes indocumentados contribuyen con casi 11 mil 800 millones de dólares anuales en impuestos estatales y locales en Estados Unidos.

O sea, esas personas pagan 8 por ciento de sus ingresos en impuestos locales y estatales, a diferencia del 8,7 por ciento del contribuyente promedio y el 5,4 por ciento de lo aportado por la rama más opulenta de la nación norteña.

El argumento parece insuficiente para las autoridades en el presente clima de hostilidad y en consecuencia muchos inmigrantes furtivos viajan a Canadá.

Así tratarían de eludir lo que se asegura vendrá, las deportaciones generalizadas de personas en total vulnerabilidad y cuyos derechos humanos están en riesgo.