por Guillermo Alvarado

Los gastos de México por la compra de armas legales a Estados Unidos entre enero de 2012 y abril de 2015 alcanzaron la suma de tres mil 500 millones de dólares, lo que significa una cifra diez veces mayor que lo invertido con ese propósito en el trienio 2010 y 2012, de acuerdo con un informe publicado esta semana por una organización norteamericana.

Activistas de derechos humanos de los dos países advirtieron que el arribo masivo de estos arsenales a la nación latinoamericana, con el pretexto de combatir el narcotráfico y otras formas del crimen organizado, lo que ha causado en realidad es un incremento notable de la violencia, inestabilidad y violaciones de las garantías fundamentales de la población.

La especialista Laura Carlsen dijo que estos pertrechos, tanto los que arriban por las vías normales como los que se mueven en el mercado negro, terminan en manos de la delincuencia, lo que no podría ocurrir sin la corrupción de funcionarios, tanto estadounidenses como mexicanos.

A las compras mexicanas hay que agregar los cuantiosos fondos destinados por la denominada “Iniciativa de Mérida”, un maléfico programa impuesto por Estados Unidos para que la guerra contra el tráfico de drogas se libre fuera de sus fronteras y de esa manera los muertos y los sufrimientos los pongan otros pueblos, como ha venido ocurriendo durante los últimos años.

La idea es que el territorio mexicano, de manera particular su frontera con Guatemala, se convierta en un “muro de contención” para el paso de estupefacientes con destino a Estados Unidos.

A cambio de este trabajo, Washington aporta desde 2008 unos 2 100 millones de dólares en asistencia militar y policial y hace jugosas “donaciones”, que consisten en armas de asalto, vehículos blindados, helicópteros y otras aeronaves.

Esta guerra ha costado a México más de 20 mil muertos y desaparecidos y la violencia alcanzó niveles nunca antes vistos y, sin embargo, el poder de los carteles de la droga se mantiene intacto y muestran una notable capacidad para readecuar sus métodos luego de cada golpe que reciben.

No existe ningún elemento que permita demostrar que el flujo de estupefacientes más allá del río Bravo haya disminuido. Hay que señalar también que los gigantescos recursos financieros que esta ilegal actividad genera van a parar por alguna vía al sistema bancario estadounidense.

El mismo secretario de Estado Adjunto para Narcóticos Internacionales, William Brownfield tuvo que reconocer en un reciente informe que entre el 90 y 94 por ciento de la heroína que se consume en Estados Unidos entra por México y sólo del dos al cuatro por ciento llega directamente de Colombia y el resto de Asia.

Se trata de un alto costo financiero y humano pagado por ese país latinoamericano para una guerra que no funciona, pero que eso sí, engorda los bolsillos de los fabricantes y vendedores de armas, casi todos ellos, por supuesto, estadounidenses.