por María Josefina Arce
El plebiscito de 1988 en Chile abrió la puerta al retorno de la democracia al país, materializado con la llegada al poder dos años después de Patricio Aylwin, tras un proceso electoral. Atrás quedaban años sangrientos, de crímenes, desapariciones, torturas y otras diarias violaciones de los derechos humanos. Sin embargo a casi 30 años del fin de la dictadura del general Augusto Pinochet, aún quedan rezagos de ese triste período.
Uno de esos legados lo constituye el sistema privado de pensiones, impuesto en 1981 por el régimen militar, y que la sociedad pide se derogue y sea sustituido por un Sistema de seguridad social público y financiado entre el Estado, el empleador y el empleado.
Este reclamo se escuchó con particular fuerza en los últimos días, cuando Santiago, Valparaíso y Concepción, entre otras ciudades, fueron escenarios de gigantescas marchas en contra de las Administradoras de Fondo, conocidas como AFP.
Se estima que unos dos millones de chilenos salieron a las calles para participar en la protesta, organizada por el movimiento NO+AFP, que señaló que esta marcha, la cuarta desde el año pasado, ha sido la más numerosa en la historia, lo que demuestra que Chile no va a parar hasta recuperar un verdadero sistema de pensiones.
Lo cierto es que durante años la sociedad chilena ha estado acumulando su descontento contra el actual mecanismo, pues la mayoría de las personas debe seguir trabajando aún después de su edad de jubilación, mientras las empresas privadas han obtenido enormes ganancias invirtiendo los ahorros de seguridad social de los chilenos.
Y es que el sistema de pensiones en Chile está en manos de empresas privadas, algunas con capital extranjero, que invierten fuera del país y obtienen enormes ganancias, aunque mantienen bajas las remuneraciones para los jubilados.
Las AFP administran los fondos de pensiones de unos 10 millones de trabajadores, entregando bajísimas jubilaciones a sus afiliados, muy lejos de su promesa de retribuir el 70 por ciento del último salario.
Según informes de la Superintendencia de Pensiones, el promedio de las jubilaciones en Chile asciende a unos 300 dólares, cifra muy inferior al sueldo mínimo, que es de unos 385 dólares.
Ya durante su primer mandato de 2006 al 2010, la actual presidenta Michelle Bachelet introdujo una pensión mínima de cerca de 140 dólares, pagada por el Estado, para quienes no han podido ahorrar durante su vida laboral, y fondos adicionales para los jubilados cuyas pensiones no alcanzaban ese monto.
Más de un millón de chilenos reciben ese tipo de beneficios, de ellos dos terceras partes son mujeres.
El pasado año el gobierno de Bachelet anunció una serie de medidas para aumentar las pensiones, entre las que se destaca un alza gradual y en un plazo máximo de diez años de 5 % en la cotización desde su actual nivel de 10%, con cargo exclusivo al empleador.
Pero lo cierto es que la sociedad chilena quiere poner fin a ese sistema privado de pensiones. Los expertos aseguran que las denominadas AFP recaudan más dinero del que pagan.
Manuel Riesco, economista del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, afirma que el Estado está gastando grandes cantidades del presupuesto nacional para compensar el fracaso del sistema privado. Conforme la población envejece más, ¿qué hacen las AFP? Reducen las pensiones aún más. Es un sistema perverso e irracional.
