por Roberto Morejón

La lastimosa imagen de ancianos con bastones en desfiles para protestar por los recortes de pensiones se repite en Grecia, sin que el principal acreedor del país, la Unión Europea, se inmute, y por el contrario exige más recortes de gastos públicos.

Las rebajas de jubilaciones son un rasgo característico de la austeridad como contrapartida a la ayuda financiera al país.

Grecia tiene el negativo récord de suscribir tres rescates multimillonarios desde 2010 para evitar la bancarrota y hoy perdura el conflicto con sus  acreedores sobre nuevas medidas de rigidez e impopulares reformas laborales.

El país balcánico negocia cortes suplementarios para conservar su alegado salvamento de 86 000 millones de euros, y entre las exigencias de los prestamistas figura otra merma de las pensiones, la decimosegunda en siete años.

Los ancianos reclaman al gobierno del primer ministro Alexis Tsipras un freno a los interlocutores de la troika, integrada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional.

Los adultos mayores desafían temperaturas bajas y enarbolan pancartas en las que recuerdan que muchos de ellos constituyen el único soporte de sus familias, dado el alto desempleo en Grecia.

El Premier afirma que las conversaciones con los prestamistas se dilatan porque rechaza tijeretazos añadidos y en ese forcejeo el país deja de recibir nuevos tramos de los anticipos.

En ese contexto el gobierno recurre a métodos desesperados para conseguir liquidez.

Con una deuda pública que ronda el 180% de su Producto Interno Bruto, el Estado griego se deshace de gran parte de sus activos, con frecuencia a precios por debajo de su valor real.

Las propiedades inmobiliarias de Grecia pasan a manos de compañías privadas, sobre todo de los países acreedores.

Se pusieron en venta patrimonios tan meritorios como la empresa de agua de Salónica, 14 aeropuertos regionales, servicios de trenes, extensiones de tierra, islas, campos de golf, entidades energéticas y hasta el puerto del Pireo.

Sin embargo, la privatización acelerada no impidió la recesión, pues la economía se redujo 25% en el último lustro.

El fantasma de la cesación de pagos de Grecia y un posterior Grexit, o sea, salida de la Unión Europea, gravita nuevamente como una supuesta salida a la crisis.

El Estado, en virtual bancarrota, parece amarrado a la hora de cumplir con un reembolso de la deuda de siete mil millones de euros en bonos que vencerá en julio.

También se sienten atados los ancianos desprotegidos y las personas sin empleo porque figuran a la cabeza de la lista de los más perjudicados por el avance neoliberal impuesto a Grecia por los obstinados acreedores.