por Guillermo Alvarado

Ante la avalancha de noticias generadas durante los últimos días en nuestra región y en otras latitudes del mundo, pudo pasar desapercibida una información de singular importancia, como lo es la firma en Colombia del decreto que da vida a la Comisión de la Verdad que estará encargada de estudiar la historia de la guerra, sus causas, consecuencias y la reparación a las víctimas de más de medio siglo de enfrentamiento.

Este instrumento tiene la misión de contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto armado. También de promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas y la responsabilidad de quienes participaron directa e indirectamente en el enfrentamiento.

Como ocurre en estos casos, la información obtenida no tendrá valor judicial, es decir que no podrá ser utilizada como prueba en procesos legales. Esto es así porque se considera como la única alternativa para generar confianza y que todos, de un lado o del otro, expresen con libertad su historia, digan lo que pasó y ofrezcan su testimonio personal o familiar.

En un proceso de paz como el colombiano la verdad tiene un carácter imprescindible para conseguir la reconciliación de la sociedad, fracturada por un conflicto que duró más de 50 años y dejó cientos de miles de afectados, que ahora necesitan conocer con exactitud que fue lo ocurrido y el papel en los hechos del Estado, los insurgentes y otros factores que tuvieron que ver con estos acontecimientos.

En nuestro continente ya hubo ejemplos edificantes sobre la importancia de comisiones de la verdad, como ocurrió en Argentina, Chile o El Salvador, donde la conciencia y la aceptación colectiva de lo ocurrido permitieron cerrar heridas.

Lo contrario ocurrió en Guatemala, donde la difusión de la verdad fue parcial y no tuvo el impacto esperado. El obispo Juan Gerardi, quien dirigió una investigación realizada por la iglesia católica fue asesinado 48 horas después de entregar los resultados y aun se ignora quienes fueron los autores intelectuales del crimen.

En el caso colombiano es esperanzador el hecho de que junto a la creación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y No Repetición, que es su nombre exacto, también se puso en marcha la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, para dar con el paradero o conocer cuál fue el destino de unas 50 mil personas sustraídas durante la guerra.

Esto es un alivio extraordinario para los familiares de las víctimas de este delito, calificado como de lesa humanidad y que se sigue cometiendo hasta tanto se tenga certeza de qué pasó con los desaparecidos.

De esta manera se está dando un espaldarazo a los acuerdos firmados entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, que se negociaron durante cuatro años en La Habana.

Sólo la verdad, por dolorosa que sea, puede traer la reconciliación y la justicia después de un conflicto tan prolongado y donde de alguna manera estuvo involucrada toda la sociedad, que debe asumir ahora su responsabilidad colectiva para encontrar el camino hacia la paz verdadera y el desarrollo armónico, sin meandros ni recovecos.