por Guillermo Alvarado

Entre las pocas cosas que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció durante su polémica campaña electoral y está llevando al pie de la letra ya en el poder está el incremento de la persecución policial hacia los inmigrantes sin documentos, tanto los que han delinquido en alguna oportunidad como quienes tienen un trabajo y hacen una vida normal.

De acuerdo con datos oficiales, entre enero y mediados de marzo las autoridades migratorias en combinación con policías federales capturaron 21 300 personas en situación irregular, lo cual significa el 32,6% más que en igual período del año anterior, durante la administración de Barack Obama.

Sin embargo, si se toma en cuenta nada más que a los detenidos que carecen por completo de antecedentes penales, el incremento fue del doble, según un artículo publicado por el diario The Washington Post.

El aumento de las redadas está provocando un ambiente de terror e inestabilidad entre los inmigrantes, así como un incremento de la desconfianza entre la población y las fuerzas de seguridad.

El mayor incremento en el número de arrestos de indocumentados sin antecedentes delictivos fue en las ciudades de Dallas, Atlanta y Houston, de acuerdo con los reportes de oficinas regionales de la Agencia de Inmigración y Aduanas, pero también en Nueva York, Boston y Filadelfia hubo notables aumentos.

Esto ocurre a pesar de las críticas de numerosos sectores sociales y humanitarios y los resultados de recientes encuestas, donde se constata que la mayoría de los ciudadanos estadounidenses están de acuerdo en que se les otorgue documentos a los inmigrantes que tienen un empleo, pagan sus impuestos y mantienen una conducta apropiada, que son la mayoría.

Sin embargo el gobierno del presidente Trump mantiene las ideas que éste expresó durante su primer mensaje ante el Congreso de la Unión, según las cuales si hay un inmigrante sin documentos que comete un crimen, todos los demás también son criminales y deben ser perseguidos, capturados y expulsados.

El jefe de la Casa Blanca a pesar del malestar generado por sus políticas, defendió en público a John Kelly, secretario de Seguridad Interior, quien recientemente declaró que ningún indocumentado, con antecedentes policiales o sin ellos, quedará exento de la aplicación de las leyes migratorias.

En esta línea está también una resolución de este lunes de la Suprema Corte de Justicia, que rechazó una apelación de refugiados latinoamericanos, 28 madres y 33 menores de edad de Honduras, Guatemala y Ecuador que enfrentan una deportación inminente.

Se trata de una clara política antiinmigrante, que contiene un fuerte ingrediente xenófobo, en un país cuyo nacimiento y desarrollo estuvo basado precisamente en oleadas migratorias a lo largo de siglos, pero que ahora está dispuesto a ignorar su historia y sus orígenes, que saltan a la vista a donde quiera que se mire en su extenso territorio.