por María Josefina Arce

En Brasil con el paso de los días el gobierno del golpìsta Michel Temer, que ha visto ir en picada su imagen pública, no ha podido poner fin a la intensa crisis política y social que vive el país y que comenzó a gestarse tras el golpe que depuso de la presidencia a Dilma Rousseff, elegida democráticamente en las urnas.

La situación por el contrario, se deteriora cada vez más, ante los casos de corrupción que involucran ya a ocho ministros del gabinete de Temer, a los presidentes de las dos Cámaras y varios gobernadores.

La operación Lava Jato ha salpicado con creces al gobierno de centro derecha de Temer, que poco a poco se ha visto en una situación cada vez más comprometida por las acusaciones de corrupción y que en los meses que lleva como presidente ha perdido ya a varios ministros.

A esto se suman las constantes protestas de los brasileños por la política neoliberal puesta en marcha por el actual ejecutivo, que echa por tierra los logros de las administraciones del Partido de los Trabajadores.

Precisamente en esta jornada comenzó el debate por sendas comisiones especiales de la Cámara de Diputados de los informes sobre dos de las reformas impulsadas por el gobierno del presidente Michel Temer e impugnadas por la gran mayoría de los brasileños.

Uno de los documentos es una reforma laboral, que, al tramitarse en régimen de urgencias, de ser aprobado en la Comisión Especial del Congreso puede seguir directamente para el Senado, sin pasar por el plenario de la Cámara de Diputados.

Considerada por las centrales sindicales como un ataque demoledor contra los derechos de los trabajadores y sus representantes, la llamada reforma laboral abre la posibilidad de extender la jornada laboral hasta 12 horas diarias y busca además ahogar financieramente a los sindicatos.

Otro de los proyectos que se discuten es la llamada reforma del sistema de pensiones, un proyecto que, según encuestas, es rechazado por el 93 por ciento de la población.

El proyecto gubernamental, al que se le introdujeron algunos cambios para buscar un mayor respaldo dentro del Legislativo, pospone jubilaciones y disminuye los valores de los beneficios, impactando especialmente en mujeres, profesores y trabajadores rurales.

Ante esta situación los frentes Brasil Popular y Pueblo Sin Miedo y las principales centrales sindicales convocaron a una huelga general el día 28 para repudiar estas reformas que consideran irán en detrimento de los trabajadores y los sectores más desprotegidos de la sociedad.

La presidenta de la CUT, Central Única de los Trabajadores. en Minas Gerais, Beatriz Cerqueira, llamó a no abandonar las calles. "Hoy no se trata de intentar alcanzar nuevas conquistas, sino de evitar retrocesos", dijo.

La dirigenta sindical afirmó que el paro resulta urgente y necesario para detener esa ola conservadora que intentan llevar adelante un Gobierno y un Congreso Nacional que no tienen legitimidad para eso, mediante la imposición de un nuevo modelo de Estado.

En medio de este panorama el Papa Francisco desestimó la invitación cursada por el presidente no electo, Michel Temer, para que visitara Brasil, alegando una agenda muy cargada, al tiempo que dijo que no puede dejar de pensar en tantas personas, sobre todo en las más pobres.

La situación no aguanta más y se escuchan voces que demandan elecciones anticipadas, ante lo que calificaron de un país desgobernado. En ese sentido, el ex presidente Luis Inacio Lula Da Silva afirmó que bajo la peor recesión de su historia y un récord de desempleo superior al 13%, Brasil necesita elecciones directas, y no esperar hasta 2018 porque el hambre y el desempleo tienen prisa.