Por: Guillermo Alvarado

Cuando parecía que los argentinos ya habían visto todo lo que puede ofrecer el gobierno neoliberal de Mauricio Macri, se demostró una vez más que las cosas nunca están tan mal como para que no puedan empeorar otro poco, y esta vez fue la Corte Suprema de Justicia la encargada de dar la nota al emitir una resolución que beneficia a los represores de la dictadura militar, en prisión por graves violaciones a los derechos humanos de miles de personas.

Los “diligentes” magistrados decidieron que estos sujetos pueden beneficiarse con una regulación que permite a los condenados contar por dos cada día que pasan en prisión antes de dictarse sentencia, lo que acorta notablemente su pena.

Quiere decir esto que pronto podrían estar en la calle torturadores, secuestradores, asesinos y violadores, quizás viviendo en el mismo barrio que sus víctimas, o cruzándose con ellas en la calles a cada rato.

La decisión es aberrante en varios sentidos, y el primero de ellos es que se trata de delitos que en los acuerdos y tratados internacionales están calificados como de lesa humanidad, y por lo tanto no prescriben y son de persecución obligatoria y universal.

Además, en el caso de los desaparecidos, que todavía son miles en Argentina, se considera que el crimen se continúa cometiendo hasta tanto se descubra el paradero de la víctima, o se tenga plena certeza sobre cuál fue su destino.

Desde el punto de vista legal, los tres de los cinco miembros de la Corte que votaron a favor demostraron una crasa ignorancia de principios fundamentales.

Estuvieron de acuerdo en esta resolución los jueces Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, los dos nombrados por Mauricio Macri, a pesar de que en el ámbito jurídico se denunció que no tienen la altura profesional para incorporarse a ese organismo.

Llama la atención el cambio de camiseta realizado por la magistrada Elena Highton de Nolasco, porque siempre fue una férrea defensora de los derechos humanos y ahora voto a favor de los violadores de las garantías fundamentales.

La reacción de Estela de Carlotto, presidenta de la organización Abuelas de Plaza de Mayo fue fulminante y aseguró que "es una estafa a la moral social, nos están destruyendo no sólo en lo económico, sino en lo moral. Estoy indignada, sorprendida. Nos están destruyendo física y moralmente. Es un retroceso. Es una justicia impura".

Charly Pisoni, de la organización HIJOS, dijo que tras la polémica medida ahora corren el riesgo de encontrarse cara a cara en la calle con los asesinos de sus padres.

Las organizaciones sociales y humanitarias también rechazaron los llamados de la iglesia católica, curiosamente hechos al mismo tiempo que salía esta resolución, a la reconciliación entre las familias de las víctimas de la represión y las de los represores.

El presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Verbistky, dijo que no puede haber reconciliación porque los genocidas nunca han reconocido sus crímenes, no pidieron perdón ni mostraron arrepentimiento, ni repararon los daños.

Una sociedad que fue fracturada de manera tan brutal como la argentina sólo puede reconstruirse a partir de varios elementos fundamentales, entre ellos el conocimiento exacto de la verdad, la reparación a las víctimas y la justicia contra los culpables. Si no existe eso, todo lo demás será inútil. FIN