por María Josefina Arce

Aunque parcialmente ya entró en vigor la orden antimigratoria suscrita en enero pasado por el presidente norteamericano, Donald Trump, para impedir la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de seis naciones musulmanas, lo que desató encendidas críticas tanto a nivel nacional como internacional,

El caso está en la Corte Suprema de Justicia que lo estudiará durante el próximo término judicial del Tribunal Supremo, que va desde octubre venidero a junio de 2018.

Pero mientras tanto el órgano judicial decidió poner en marcha la medida que busca impedir durante 90 días la entrada de nacionales de Irán, Siria, Libia, Sudán, Yemen y Somalia; y por cuatro meses la llegada de refugiados de cualquier origen.

Por ahora no se permitirá la entrada a Estados Unidos de viajeros de dichos países que no tengan familiares en territorio norteamericano o que no hayan tramitado su ingreso para asumir un puesto de trabajo.

Varios tribunales de distrito y de apelaciones decidieron bloquear la aplicación del decreto a nivel nacional, desde que se conoció en enero, por considerar que discrimina a los musulmanes y viola el principio constitucional de libertad religiosa.

“Proteger a la nación de la entrada de terroristas extranjeros a los Estados Unidos“ es el nombre del documento que constituye una muestra más de la postura xenófoba y discriminatoria que distingue al actual inquilino de la Casa Blanca.

Ya en 2015 a raíz de la matanza de San Benardino, California, se había manifestado Trump a favor de impedir “total y completamente” la entrada de musulmanes a Estados Unidos. Tiempo después rectificó y dijo que eso había sido nada más una sugerencia.

Sugerencia que ahora como presidente pone en práctica, otra vez con el viejo y ya gastado argumento de la seguridad nacional ante el terrorismo, que ha servido a Washington de pretexto para intervenir en otras naciones y declarar guerras.

El anuncio en enero pasado provocó manifestaciones en grandes ciudades como Los Ángeles, Chicago, Dallas, San Francisco y Nueva York, al tiempo que jefes de Estado de países tradicionalmente aliados de Estados Unidos se pronunciaron para demostrar su descontento.

Alemania, por ejemplo, señaló su convencimiento de que la lucha decidida contra el terrorismo no justifica poner bajo sospecha generalizada a personas de una religión o con un pasado específico.

Otros mandatarios, ministros y portavoces de países como Canadá, Suiza, Austria, Bélgica e Irlanda condenaron que en nombre de “combatir el terrorismo” se apliquen políticas excluyentes contra cualquier religión o país.

Pero Trump defendió que Estados Unidos necesita fronteras fuertes y un veto “extremo” respecto a la llegada de ciudadanos que a su parecer representan un riesgo para su país.

Por lo pronto el estado de Hawaii ya hizo una nueva presentación judicial, y se espera que haya muchas más en las próximas semanas, a medida que se empiece a ver cómo funciona el criticado decreto presidencial, al tiempo que miles de personas se manifestaron en las principales ciudades del país para demandar un juicio político contra Trump, entre otras causas, por su xenófoba política migratoria.