Por: Guillermo Alvarado

Una comisión parlamentaria desestimó acusaciones de corrupción contra el jefe de Estado impuesto en Brasil, Michel Temer, y recomendó archivar el expediente en su contra, si bien pocos días después los ciudadanos del Gigante Sudamericano descubrieron el elevado precio de esa decisión a favor del presidente no electo.

En total 41 de los 65 miembros del grupo legislativo que estudió el caso dictaminaron a favor del golpista Temer, quien celebró el veredicto como “un triunfo de la democracia”, sin explicar que el lubricante que aceitó esa maquinaria le costó al pueblo la bicoca de cuatro mil 700 millones de dólares.

Unas pocas semanas antes de la polémica reunión el ejecutivo brasileño comenzó a aprobar nuevos proyectos, o liberar partidas presupuestarias para que diputados de la dichosa comisión ejecutaran obras de diversa índole en sus estados de origen.

No se trata de una táctica nueva, pues muchos gobiernos de la región recurren a esta estratagema cuando están en problemas con el organismo legislativo o con autoridades locales reacias a atender sus demandas.

También es verdad que existen leyes que amparan estos procedimientos, como alegó el gobierno de Michel Temer cuando la sucia maniobra salió a la luz.

Un comunicado publicado el domingo por el ministerio de Planificación y Presupuesto señala que "la liberación de recursos para municipios es un procedimiento absolutamente normal", garantizado por la constitución del país para realizar obras de interés público.

Es decir que el asunto es legal, pero indiscutiblemente también es inmoral porque se está utilizando un recurso administrativo para torcer voluntades y garantizar la impunidad de alguien que está acusado por actos de corrupción, sea este el presidente de la República o cualquier otro funcionario.

Con el uso abusivo de los fondos del Estado se está impidiendo que se haga justicia y aquí nos parece que se está forzando esa delicada barrera que separa lo legal de lo ilícito y que hace rato se cruzó la frontera de la ética.

El asunto tiene otras aristas y una de ellas es que cuando hablamos de fondos del Estado nos estamos refiriendo a dinero público que no es generado por el gobierno.

Es una cuestión elemental que los gobiernos no generan riqueza, lo que hacen es administrar la que crea el pueblo con su trabajo y que llega a manos de los funcionarios por la vía de los impuestos y otras contribuciones que forman ese fondo llamado “presupuesto”, que cuando no alcanza se rellena por la vía del crédito que al final pagan los mismos ciudadanos.

Quiere decir entonces que Michel Temer utilizó dinero ajeno, del pueblo, para quebrar la conciencia de los legisladores que votaron a su favor. Puede ser, reiteramos, que estirando mucho las leyes eso no sea ilegal, pero inmoral si que lo es.

Y nos preguntamos ahora, si el veredicto favorable al presidente golpista de 41 diputados le costó a los brasileños cuatro mil 700 millones de dólares, ¿cuánto costará el de los 343 votos necesarios cuando el tema llegue a la plenaria de la cámara legislativa el 2 de agosto? Para no haber sido electo, Temer le está saliendo bastante caro a su país.