Por María Josefina Arce
En los poco más de diez años de mandato del presidente Evo Morales una de las medidas que más ha impactado positivamente en la población es la nacionalización de los hidrocarburos. Los bolivianos son ahora dueños de sus recursos naturales y de las ganancias que generan.
Esta medida encaminada a redistribuir las riquezas entre la población y encarar una política de inclusión marcó sin dudas, un antes y un después en Bolivia, donde las transnacionales se repartían las ganancias, sin beneficios para los verdaderos dueños de esos recursos naturales.
Solo en los primeros cuatro años después de la nacionalización la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos generó para el país andino los mayores ingresos en toda su historia , al alcanzar más 7 mil millones de dólares por concepto de impuestos, regalías y participaciones, patentes y otros, que se distribuyeron entre prefecturas, municipios, universidades, Tesoro General de la Nación y la empresa petrolera.
Las millonarias utilidades sustentan ahora importantes programas sociales en apoyo a sectores vulnerables, lo que ha llevado a un aumento significativo del nivel de vida de toda la población y sobre todo de aquellas personas tradicionalmente olvidadas como ancianos, mujeres y niños.
Una muestra de estas iniciativas, financiadas con la renta petrolera, es el Bono Juancito Pinto, dirigido a estudiantes del nivel primario y secundario, que busca incrementar la matrícula escolar y reducir la deserción.
Estos dividendos redistribuidos de manera más equitativa han disminuido las desigualdades sociales. Datos del PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, confirman que el gobierno del presidente Morales sacó de la pobreza a unos 2 millones de bolivianos en la última década,
Las ganancias generadas permitieron también acrecentar las inversiones en el sector de hidrocarburos. En la última década se inyectaron alrededor de 10 mil 500 millones de dólares para fortalecer la exploración, explotación, producción e industrialización de los recursos energéticos.
Con ese fin se han efectuado importantes inversiones en las refinerías estatales como la Guillermo Elder Bell y Gualberto Villarroel, lo que ha llevado a que su producción desde su nacionalización hace 10 años llegara a los 427 millones de dólares en utilidades.
De hecho la capacidad de procesamiento de las dos refinerías creció, de 39 mil 503 barriles por día antes de la medida, a 64 mil 200 en la actualidad, para brindarle seguridad y soberanía energética al Estado.
Los directivos de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos aseguran que esta expansión en la capacidad de procesamiento de las dos industrias también ha posibilitado garantizar el abastecimiento a la población.
Es un hecho que los ingresos generados por el sector de los hidrocarburos, tras su nacionalización hace diez años, beneficiaron de manera directa a los 327 municipios del país , desarrollando una vasta red de cobertura de salud, educación e infraestructura social que ha mejorado la calidad de vida de los bolivianos.
