Por María Josefina Arce.

Grandes interrogantes y críticas ha despertado en la sociedad colombiana la propuesta de presupuesto para el 2018 presentada por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que contempla un aumento significativo de los fondos destinados a la defensa, mientras reduce los gastos sociales.

De absurda y contradictoria ha sido calificado el proyecto por congresistas y ciudadanos, quienes no entienden que en momentos en que se implementa el histórico acuerdo de paz alcanzado por el gobierno con la insurgente Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo se incremente en ocho por ciento el gasto militar.

Para muchos no es este un mensaje positivo ni alentador del gobierno, máxime cuando la guerrilla hizo dejación de las armas, cumpliendo estrictamente con lo estipulado en el acuerdo, logrado en La Habana en 2016 luego de cuatro años de arduas negociaciones.

Resulta también sumamente contradictoria la reducción en un 16 por ciento de los fondos con destino social. De hecho disminuyen los montos destinados al agro, cuando uno de los más importantes aspectos del acuerdo de paz es el desarrollo agrario integral.

Este primer punto del acuerdo tiene como objetivo transformar de manera estructural el campo, para impulsar el desarrollo del país y el bienestar de los habitantes de esas zonas. Tengamos en cuenta que de acuerdo con las cifras, el 46.8% de la población de las zonas rurales vive por debajo de la línea de pobreza, mientras que el índice de pobreza extrema alcanza casi el 23 % en el campo.

Por esa razón el Estado se comprometió a financiar y promover planes de desarrollo rural para garantizar salud, asistencia técnica, educación y alimentación, entre otros derechos.

Asimismo, llama la atención que el aporte a la educación, fundamental para hacer la paz y avanzar en el desarrollo del país, se mantiene estático.

Los colombianos esperaban que se redujera el gasto militar y que el dinero se destinara a crear condiciones sociales que permitieran a los jóvenes tener otras oportunidades de vida diferentes a las que tenían bajo la guerra, que muchas veces era la de empuñar un fusil.

Además de que muchos se preguntan sobre cuál puede ser el destino de los miembros de la guerrilla en su reinserción a la sociedad o de los millones de desplazados si el gobierno no invierte en programas que generen empleo y otras condiciones necesarias.

El Congreso deberá analizar ahora la propuesta del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que para muchos parece potenciar el escenario de guerra y que ha provocado incertidumbre en la sociedad colombiana, desangrada por más de 50 años de conflicto armado y que anhela la paz y la reconstrucción del país con oportunidades para todos.