Por: María Josefina Arce

Desde el golpe de estado de junio de 2009 contra el presidente constitucional Manuel Zelaya, la población de Honduras ha visto como se deterioran sus más elementales derechos humanos como la educación y la salud.

La crisis sanitaria se ha ido profundizando con los años, con un continuo desabastecimiento de fármacos, insumos, falta de equipos e insuficiente personal.

Y aunque el propio gobierno del presidente Juan Orlando Hernández ha tenido que reconocer el crítico panorama, la solución, rechazada por la ciudadanía y profesionales de la salud, ha sido la privatización del sector.

En los últimos años en Honduras se han ido vendiendo a empresas privadas servicios básicos como la energía eléctrica y el agua. Ahora la salud se ha sumado a esta ola privatizadora, que forma parte de la política neoliberal del gobierno y que priva a los hondureños de esenciales derechos.

El Colegio Médico de Honduras ha denunciado que desde 2009 el Estado no se ocupa de incrementar las plazas médicas, con las consiguientes afectaciones para la población, al tiempo que se sufre un continuo desabastecimiento de fármacos.

A esto se suman los impagos a médicos y enfermeras, producto de la deficiente gestión gubernamental.

Para gran parte del personal de la salud las mismas autoridades han provocado esta lamentable situación para allanar el camino hacia la venta al mejor postor de los servicios sanitarios.

Es así que, opinan, abandonan la administración de los hospitales, las debilitan y mediante esa metodología generan un caos que prepare las condiciones para una inevitable intervención privada.

De hecho la OMS, Organización Mundial de Salud, indica que Honduras es el país de Centroamérica que menos invierte en ese sector, al tiempo que califica de frágil el sistema sanitario, lo que pone en riesgo constante la vida de la población.

Además, la OMS señala como el financiamiento de la salud en Honduras es desigual. Una parte importante del gasto es aportado por los hogares, alrededor del 50%, y de ellos, los más pobres sufren mayor riesgo financiero dado que el pago directo para obtener servicios de salud proviene de sus bolsillos

Una realidad es que en los pueblos remotos, los habitantes padecen con frecuencia enfermedades diarreicas agudas, infecciones respiratorias, enfermedades de la piel y dengue, sin asistencia sanitaria mínima, a lo que se suma la total ausencia de medidas preventivas como la vacunación.

En un país calificado de ingreso medio-bajo, con más de dos tercios de la población viviendo en la pobreza, la privatización de la salud viene a profundizar la situación precaria en que vive buena parte de la sociedad hondureña, que en muchas ocasiones tiene que esperar meses para acudir a una cita médica y en otras no tiene el dinero necesario para pagar.

Pero el gobierno ha hecho oídos sordos a los reclamos del Colegio Médico, que en los últimos meses ha reiterado sus denuncias sobre la depauperación del sistema sanitario, la entrega de los hospitales públicos a organizaciones no gubernamentales o a fundaciones sin ningún conocimiento de la salud y el aumento de los costos de los servicios que reciben los pacientes.