El presidente Jimmy Morales abrió una grave crisis política en su país cuando declaró non grato y ordenó la expulsión inmediata del magistrado colombiano Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, presuntamente porque éste rebasó su mandato y ejerció presiones con el propósito de modificar el sistema de justicia.

Se trata, por lo menos, de un grave error de cálculo del jefe de Estado, quien podría estar mal asesorado o no meditó lo suficiente antes de tomar una medida que es objeto de agudas críticas en el país, inclusive dentro de su propio gobierno, y también en el ámbito internacional.

Lo más embarazoso quizás sea que esto ocurre justo al inicio de una semana compleja para el presidente Morales, porque la Corte Suprema de Justicia debe decidir si le quita la inmunidad inherente a su cargo para que sea juzgado por supuesta financiación ilícita durante la campaña electoral que lo llevó al cargo.

Una investigación hecha justamente por la CICIG y el Ministerio Público llevó a la presentación de cargos contra el gobernante porque habría ocultado tanto a las autoridades electorales, como a la dirección de su partido, el Frente de Convergencia Nacional, importantes donaciones en su carrera hacia la presidencia.

Pero también está por comenzar un juicio contra el hijo y el hermano del presidente, quienes habrían cometido fraude al cobrar servicios no prestados a una institución oficial, el Registro de la Propiedad.

Morales ganó la presidencia guatemalteca con el lema “ni corrupto ni ladrón”, en una campaña salpicada por el escándalo que llevó a la cárcel al entonces presidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta, Roxana Baldetti, sindicados de encabezar una banda dedicada al contrabando y la defraudación fiscal.

Ahora, al intentar expulsar del país al jefe de la CICIG, el primer mandatario se pone en el centro de la tormenta porque muchos asumen que se trata de una cuestión personal, y no una decisión de Estado, lo que está detrás de la trama.

De momento la Corte de Constitucionalidad dejó temporalmente sin efecto la orden de expulsar a Velásquez, pero ya comenzaron los primeros efectos de la crisis.

El presidente decidió cesar en su cargo al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Morales, porque éste se negó a ejecutar la medida, y puso en su lugar a Sandra Jovel, quien en el pasado estuvo vinculada a la adopción irregular de un bebé.

Ya habrían presentado su renuncia las ministras de Salud, Lucrecia Hernández, y de Trabajo y Previsión Social, Leticia Teleguario, así como varios funcionarios, en protesta por la expulsión de Iván Velásquez. También la Fiscal General, Thelma Aldana, anunció que abandonará el cargo de no corregirse la medida.

Guatemala entró, pues, en una semana compleja en esta nueva crisis política y social que podría generar resultados sorprendentes, en un juego de poderes donde el presidente se va quedando cada vez más solo, en tanto la gente volverá a las calles para expresar su indignación ante una clase política incapaz de ver más allá de sus propios intereses. (Fuente/Guillermo Alvarado)