Por María Josefina Arce

En Estados Unidos son bien conocidas las llamadas ciudades santuarios, donde las autoridades locales han establecido políticas que son más acogedoras y menos discriminatorias hacia los inmigrantes indocumentados.

Surgidas en la década del 80 del siglo pasado fueron en un inicio iglesias y grupos de apoyo a la inmigración, que albergaban a las víctimas de los conflictos y dictaduras militares que se vivían en países de Sudamérica y Centroamérica.

Pero con el tiempo surgieron otras necesidades y el objetivo fue proteger a los inmigrantes indocumentados, ante el recrudecimiento de las leyes y acciones en su contra, sobre todo a partir de los atentados terroristas en suelo norteamericano del 11 se septiembre de 2001.

Las primeras ciudades en convertirse en especie de refugios para inmigrantes indocumentados fueron Berkeley, en California, y St. Paul, en Minnesota. En la actualidad se extienden por más de 25 estados norteamericanos.

La llegada de Donald Trump a la presidencia en enero de este año con sus políticas xenófobas y antiinmigrante ha desatado una confrontación entre esas urbes y la administración del republicano, que ha llamado a los inmigrantes criminales y violadores.

Trump ha amenazado a las ciudades santuarios con retirarles la ayuda federal si no acatan sus disposiciones migratorias, medida que ha sido rechazada por los gobiernos de Nueva York, Los Ángeles y Chicago, entre otros.

La Unión Americana de Libertades Civiles señaló que la batalla del gobierno contra las ciudades santuario “no tiene que ver con la seguridad pública, sino con la intención de avanzar políticas hostiles hacia los inmigrantes por todos los medios posibles”.

La administración Trump busca que las autoridades y fuerzas policiales de las comunidades colaboren con los esfuerzos de su administración por rastrear, localizar y deportar a inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.

Las pretensiones del gobierno han causado críticas y un fuerte rechazo de las autoridades de las llamadas ciudades santuarios, muchas de las cuales han acudido a la justicia para poner freno a esa xénofoba política.

De hecho en los últimos días dos cortes federales de San Antonio y Austin bloquearon temporalmente la entrada en vigor en Texas de la ley dirigida contra esos lugares. El fallo pone en suspenso importantes partes de la medida hasta que resuelva la cuestión de su constitucionalidad.

Ya en julio pasado un magistrado de California se negó a dar luz verde a la orden ejecutiva de Trump para bloquear recursos federales a las ciudades y condados que no colaboren con la campaña de deportación del presidente.

A pesar de los riesgos financieros que podrían afectar programas sociales, las autoridades de las ciudades santuarios han planteado que continuaran la batalla por mantener sus urbes inclusivas.