Por Guillermo Alvarado

Si bien ningún huracán o movimiento telúrico ha tocado territorio guatemalteco en los últimos días, una tormenta de gran intensidad sacude a ese país, ésta de tipo político y social, con cientos de miles de ciudadanos indignados que reclaman la renuncia del presidente, Jimmy Morales, y los miembros del Congreso de la República por presuntos actos de corrupción y otros delitos.

La víspera casi un cuarto de millón de personas marcharon en la capital y las principales ciudades del país, donde ocurrió un amplio paro general, para exigirle al mandatario que dimita y que se depure el organismo legislativo.

Las movilizaciones comenzaron el 27 de agosto cuando el gobernante adoptó la medida de declarar persona no grata en el país al magistrado colombiano Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, un organismo creado por un acuerdo con la ONU para desmantelar grupos paralelos enquistados en las estructuras del Estado y combatir la corrupción.

Morales se vio obligado a dar marcha atrás ante el descontento popular y una resolución de la Corte de Constitucionalidad, que declaró nula la orden de expulsar inmediatamente a Velásquez del país.

El malestar creció cuando a mediados de septiembre el Congreso decidió proteger al presidente contra acusaciones de financiamiento ilícito durante la campaña electoral que lo llevó al poder y se negó a levantarle la inmunidad inherente a su cargo para que pudiera ser investigado y, eventualmente, sancionado por ese delito.

El vaso de la ira se colmó cuando 107 legisladores aprobaron dos polémicos decretos que reformaron el Código Penal y eliminaron de hecho el delito de financiamiento ilegal a los partidos políticos y conmutaban sanciones de cárcel por el pago de multas a unos 400 delitos, entre ellos la pornografía infantil y la corrupción.

Para colmo, se descubrió que el presidente Morales, uno de los mejores pagados en todo el continente, recibía del ejército un bono adicional de 50 mil quetzales mensuales, unos seis mil 600 dólares al cambio actual. El escándalo lo obligó a devolver el dinero recibido, pero entre la población quedó la sensación de que, si el caso no sale a la luz, se habría embolsillado decenas de miles de dólares.

La airada reacción social hizo que los legisladores, entre los que figuran de derecha, centro y supuesta izquierda, anularan sus propios decretos, pero ya la indignación rompió los diques y ahora se exige una limpieza total en la administración pública.

El amplio movimiento social, que rechaza la incorporación nominal de cualquier partido político, está formado por indígenas, trabajadores, pequeños y medianos empresarios, amas de casa y estudiantes, y adquiere cada vez mayor fuerza impulsado por las llamadas redes sociales, que se han visto inundadas de mensajes.

El presidente Morales se encontraba en la ONU cuando ocurrieron las marchas y un paro ampliamente acatado y su gobierno se limitó a hacer un llamado al diálogo para abordar problemas históricos en el país. El caso es que la población parece ya no tener ninguna confianza en los organismos legislativo y ejecutivo y se hace cierto aquello de que tanta es la avaricia, que termina rompiendo el saco.