Por María Josefina Arce

La atención a los sectores más vulnerables de la sociedad ha sido una de las prioridades del presidente Evo Morales desde que en 2006 llegó al poder en Bolivia. Mujeres embarazadas, niños, ancianos y discapacitados se han visto beneficiados con las políticas gubernamentales.

Entre estas iniciativas para fomentar la igualdad y la inclusión de los sectores sociales más desfavorecidos se cuentan el Bono Juana Azurduy, establecido en 2009 y dirigido a las mujeres embarazadas, la entrega de créditos y el Bono Juancito Pinto para eliminar el trabajo infantil e incentivar la matrícula escolar.

El desarrollo de la misión Moto Méndez, encaminada al pesquisaje de ciudadanos con algún tipo de impedimenta física o mental permitió la implementación de una estrategia que va desde la atención médica y ayuda hasta favorecer su inserción en la sociedad.

Profesionales bolivianos y cubanos recorrieron el territorio del país andino para detectar los diferentes casos y viabilizar la entrega de ayuda y la requerida asistencia médica.

Para Morales el estado tiene la obligación de compartir sus recursos con quienes necesiten apoyo. De ahí que como un primer paso en marzo de 2012 decretara

La Ley general para personas con discapacidad.

Esta legislación busca garantizar a estos ciudadanos el ejercicio pleno de sus derechos y deberes en igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades y trato preferente bajo un sistema de protección integral.

Es así que estipula el derecho a la vida, a la protección del estado, la educación, la salud, el empleo y a servicios de salud integrales y gratuitos, entre otros.

En la consolidación de la política gubernamental a favor de los sectores más vulnerables, en los últimos días el presidente promulgó la Ley de Inserción Laboral y Ayuda Económica en favor de al menos 46.000 personas con discapacidad grave.

Resultado del debate con ese sector de la población boliviana, el nuevo instrumento jurídico contempla que las entidades del Estado y las empresas privadas contraten a personas con discapacidad. La norma establece que las instituciones públicas deben incorporar un mínimo del cuatro por ciento de personal con estas dificultades y las empresas privadas, un dos por ciento.

El viceministro de Empleo, Arturo Alessandri, estimó que con esta nueva legislación de inserción laboral y ayuda económica para personas con discapacidad, se crearán más de 59 mil puestos de trabajo en Bolivia.

Asimismo, establece un bono de 250 bolivianos para estas personas. Para ello, el gobierno garantizará 15 millones de bolivianos, cerca de tres millones de dólares, para subvencionar el bono, el cual sustituirá a la actual Renta Solidaria que favoreció a 25 mil 829 ciudadanos.

También se prevé, de acuerdo con el gobierno, la construcción de nuevos centros de rehabilitación. Estas instalaciones comenzarán a edificarse en La Paz, la capital, y luego en las ciudades intermedias y municipios rurales.

Todos estos planes hablan del compromiso del gobierno que preside Evo Morales a favor del desarrollo integral y la total inserción en la sociedad de sectores que durante décadas fueron marginados.