Por: Guillermo Alvarado

Esta semana el gobierno mexicano dio por finalizadas las tareas de búsqueda y rescate de personas tras el terremoto ocurrido el 19 de septiembre, que causó en total 396 fallecidos en ese país, a los que habría que sumar los 74 ocurridos por el sismo que dos semanas antes sacudió varios estados del sureste, entre ellos algunos de los más pobres de la nación, como Oaxaca y Chiapas.

No se sabe aún la cifra total de heridos, ni de quienes perdieron sus bienes en esos dos fenómenos telúricos, pero deben sumar decenas de miles, muchos de los cuales permanecen sin recibir ayuda.

Los daños humanos son lamentables y las vidas irreparables, pero detrás de esta tragedia hay algunos aspectos sórdidos que poco a poco van saliendo a flotes y que merecerían una investigación profunda y un castigo ejemplar para los responsables.

El 7 de septiembre se destruyeron unas 40 mil edificaciones, entre viviendas y locales públicos, y es verdad que en la mayoría de los  casos se trató de construcciones precarias, vinculadas con la falta de recursos de sus propietarios.

Pero en el temblor del día 19 los daños fueron impresionantes, sobre todo en la capital, así como en ciudades de los estados de Morelos, en particular en Cuernavaca, como también en Puebla y el estado de México.

Edificios modernos, muchos levantados después del terremoto de 1985, cuando supuestamente se aplicaron rigurosas normas de construcción, se vinieron al suelo con pasmosa facilidad.

Inclusive en la delegación Benito Juárez de la capital mexicana se derrumbaron dos edificaciones erigidas el año pasado y nadie olvida lo ocurrido en una escuela primaria donde un ala colapsó y causó la muerte de 19 niños y seis adultos.

El común denominador en la mayor parte de derrumbes fue la violación de las reglas vigentes, el uso de materiales de calidad inferior a lo estipulado, la falta de control de las autoridades y la rapacidad de las empresas constructoras. En resumen, una muestra más de corrupción que se saldó con numerosas vidas y  sufrimientos innecesarios para familias inocentes.

Además del colapso total de muchas construcciones, hay también decenas con severos daños estructurales que deben ser demolidas, mientras las familias que las habitaban se preguntan cuál será su destino.

Durante estos últimos días se multiplican las denuncias ante la policía y la Procuraduría General, y se crean organizaciones de víctimas para presionar al gobierno y lograr así que se llegue hasta las últimas consecuencias contra los culpables, tanto entre las empresas constructoras como con los funcionarios que hicieron de la
vista gorda y recibían jugosas comisiones.

En medio de la desgracia, hay que destacar la acción solidaria de miles de vecinos que llevan alimentos, agua, ropa, medicamentos y otros insumos a quienes quedaron en la calle, en un gesto de solidaridad que contrasta con la lentitud de las autoridades para atender las gigantescas necesidades causadas por un fenómeno natural, agravado por la catástrofe de la corrupción.