Por María Josefina Arce

El venidero mes entrará en vigor en Brasil la polémica reforma laboral, aprobada en julio pasado por el gobierno del golpista Michel Temer y que echa por tierra las conquistas de los trabajadores de los últimos años y reduce la maniobrabilidad de los sindicatos para defender los derechos de sus asociados.

Sancionada, a pesar de las multitudinarias protestas populares, la nueva legislación supone un retroceso para la clase trabajadora de un país, donde el desempleo ronda en la actualidad el 13 por ciento.

La reforma fue ampliamente apoyada por el empresariado que la considera necesaria para reducir trabas burocráticas y reactivar la producción, aunque lo cierto es que le confiere mayor poder para decidir sobre los empleados.

De hecho se aporta mayor flexibilidad a las empresas para contratar y desvincular trabajadores, en detrimento de sus derechos.

La reforma aumenta la edad mínima de jubilación a los 65 años e iguala la edad entre hombres y mujeres, y entre trabajadores de la ciudad y el campo, sin tener en cuenta las características de cada labor,

Asimismo, permite ampliar la jornada de trabajo de 8 horas a 12 horas diarias y permite el trabajo de mujeres embarazadas en condiciones menos saludables, si se considera, de acuerdo a un documento médico, que no afecta su salud, ni la de su futuro hijo.

Un aspecto que ha provocado un gran rechazo es que autoriza la llamada tercerización, es decir autoriza a las empresas a contratar servicios de terceros hasta para la actividad final que prestan las propias compañías.

Para Clemente Granz, director técnico del Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconômicos, la reforma “transformará una parte de lo que hoy es precario e ilegal en precario formal. El trabajo intermitente, las formas de contrato precario, pasarán a ser legales.

Opina que una parte de la protección actual dejará de existir y la empresa ya no tendrá ese peso. Por eso, Granz Lúcio considera que “la reforma del gobierno promueve la productividad ilegítima, que se logra por medio de la explotación del trabajo, el empeoramiento de las condiciones o la desigualdad salarial”.

Incluso la iglesia católica se opone a la nueva ley, al entender que privilegia el capital en desmedro de los progresos sociales. Estos cambios, opina la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, apuntan en dirección a la exclusión social y la falta de respeto de los derechos conquistados a través de una ardua lucha de los trabajadores y trabajadoras.

Denunciada por las grandes centrales sindicales, el venidero mes comenzará a regir el nuevo instrumento jurídico, considerada por el gobierno de Temer como uno de los pilares para, según alega, estimular la creación de empleo, mientras que la oposición critica que se haya aprobado rápidamente y sin apenas diálogo con la sociedad civil para preservar los derechos de los trabajadores conquistados durante décadas.