Por: Guillermo Alvardo

Un grupo independiente de juristas aseguró que miembros del gobierno de Honduras, junto con representantes de una empresa privada, complotaron para perpetrar el asesinato de la dirigente indígena Berta Cáceres, quien lideraba la oposición a la construcción de una represa que dejaría bajo el agua a tierras cultivables de la comunidad Lenca.

Como se recordará, Cáceres fue ejecutada en marzo de 2016 por desconocidos que penetraron en su vivienda ubicada en el poblado de La Esperanza, en el occidente del país centroamericano.

Su muerte provocó una gran reacción nacional e internacional pues era una reconocida representante del movimiento por el respeto de los pueblos indígenas, víctimas del despojo de sus territorios por grandes corporaciones en contubernio con autoridades locales.

Un año antes de su asesinato, Cáceres recibió el Premio Medioambiental Goldman, que se otorga a líderes comunitarios, y además contaba con un dictamen que exigía a las autoridades protegerla por las amenazas de muerte que recibía con frecuencia, pero eso no fue suficiente para que actuaran a su favor.

Los juristas que investigaron el caso señalaron que el atentado contra la también presidenta del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, fue planificado durante meses por representantes de la firma Desarrollos Energéticos, Sociedad Anónima, DESA, y miembros del ejecutivo nacional.

Hasta donde se sabe, DESA recibió una concesión del gobierno para construir una presa en el río Gualcarque como parte del proyecto de la Hidroeléctrica de Agua Zarca, pero no se hizo antes la consulta correspondiente con los pobladores como exigen los acuerdos internacionales, de los que Honduras es firmante.

Cuando el ejecutivo hondureño dictaminó a favor de la empresa ésta apenas contaba con un capital de mil 200 dólares, pero inmediatamente recibió inyecciones millonarias de dinero de familias acaudaladas vinculadas al gobierno.

El COPINH inició de inmediato acciones de protesta que llevaron a la paralización de los trabajos porque el proyecto ponía en peligro recursos indispensables para la vida de los pobladores del área. En esta lucha cuatro dirigentes de la organización perecieron en diversos atentados entre 2013 y 2014.

En marzo de 2016 la muerte tocó a las puertas de Berta Cáceres y la amplitud del escándalo llevó a la captura de Sergio Rodríguez Orellana, gerente de asuntos medioambientales de DESA, y Douglas Geovanny Bustillo, un militar retirado.

Sin embargo hasta ahora no hay encausado ningún responsable intelectual del crimen, ni tampoco entre quienes encubrieron los hechos o dificultaron las investigaciones.

La familia de la víctima afirma que tanta impunidad no sería posible sin la complicidad de miembros del gobierno hondureño, principal interesado en que la verdad no salga a la luz pública debido al entramado de corrupción que subyace en un crimen que estremeció a la opinión pública nacional e internacional, pero del cual permanecen impunes sus autores intelectuales.