Por: Guillermo Alvarado

La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, partido político que sustituyó a la organización guerrillera con esas mismas siglas tras la firma de los acuerdos de paz en Colombia, denunció que estos instrumentos son incumplidos por el gobierno y vaciados de sus contenidos fundamentales por el Senado y la Corte de Constitucionalidad.

Rodrigo Londoño, máximo líder de las FARC y su candidato presidencial para los comicios del 27 de mayo de 2018, envió una carta abierta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, donde explica la honda preocupación que existe entre los miembros de la ex guerrilla, que hicieron dejación de las armas y han cumplido a cabalidad sus compromisos.

Londoño mencionó declaraciones del secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Políticos, Jeffrey Feltman, quien advirtió durante una visita a Colombia que la comunidad internacional no aceptaría que se impida a los antiguos insurgentes el "compromiso esencial" de participar en política después de que firmó la paz.

La preocupación tiene su origen en una decisión adoptada recientemente por la Corte Constitucional que aprobó reformas al acuerdo que crea la Jurisdicción Especial para la Paz, uno de los puntos medulares del pacto negociado durante cuatro años en La Habana entre el gobierno y los rebeldes, porque crea condiciones para juzgar las faltas graves cometidas por las dos partes durante el conflicto armado y garantiza la incorporación a la vida civil y política de los antiguos combatientes.

Las reformas de la corte implican que exfuncionarios del Estado y civiles vinculados con grupos paramilitares quedarán exentos de responder por sus actos y la jurisdicción especial quedará sólo para los miembros de la guerrilla. Además, sus líderes no podrán participar en política si antes no han sido juzgados por presuntos delitos, todo lo cual contradice lo negociado y firmado.

Además, el Senado aprobó cambios en el sistema de selección de miembros del máximo tribunal de justicia y permitió que políticos condenados por vínculos con escuadrones paramilitares de ultraderecha y responsables de violaciones a los derechos humanos puedan participar en elecciones y ser elegidos.

Estas medidas violan el espíritu y la letra de los acuerdos de paz, por lo que Rodrigo Londoño solicitó la intervención de la Organización de las Naciones Unidas para reencauzar el proceso e impedir que todo se vaya por la borda.

A la situación debe agregarse el clima de violencia generalizada contra activistas humanitarios y dirigentes comunitarios cuyas vidas corren serio peligro ante la ineficacia de las fuerzas de seguridad para protegerlos.

Las FARC prevén participar en los comicios presidenciales de 2018, lo cual pondría frente a frente a los dos principales negociadores de los acuerdos de paz, Londoño por los exrebeldes, y Humberto de la Calle, representante del gobierno durante las tratativas y que recién ganó su candidatura por el partido Liberal.

Ambos conocen profundamente el proceso, así como el riesgo que se corre ante los ataques de la derecha más reaccionaria, enemiga de la paz y la reconstrucción de una sociedad fracturada por más de medio siglo de guerra.