Por: Roberto Morejón

Honduras se distingue por la capacidad de la oligarquía y los políticos conservadores de apostar por el fraude, por su aguda pobreza, índices económicos engañosos, entreguismo al Fondo Monetario Internacional y subordinación a transnacionales.

Es cierto que recientemente solo se habló de los denunciados intentos de entronizar en el poder al Partido Nacional, centenaria organización con discurso y métodos roídos, aupada por la oligarquía, el ejército y unas 17 familias poderosas.

Pero la realidad hondureña es más abarcadora, con una población ahogada por la precariedad del empleo, penuria, desigualdad y reglas laborales injustas de las transnacionales.

En subordinación a un pacto con el Fondo Monetario Internacional, el presidente Juan Orlando Hernández aplicó políticas financieras y tributarias que redujeron gastos públicos y permitieron mantener el crecimiento macroeconómico del país en 3 por ciento anual.

Ese auge se alentó por el aumento de las exportaciones y altos ingresos por remesas.

Con ese alegado éxito, Hernández se presentó a la reelección mientras eludía responder a las reprensiones de sectores vulnerables, hartos de la ofensiva conservadora.

Los críticos de Hernández le reclamaron la reinversión de los ingresos del Estado en mejoras productivas en lugar de cubrir los déficits presupuestarios.

La situación así lo exige. Mientras los clanes más acaudalados gozan de exenciones fiscales, casi 67 por ciento de la población hondureña vive en la pobreza y uno de cada dos ciudadanos presenta problemas con el empleo.

El Estado se desentiende de la necesidad de aumentar el nivel de instrucción.

De acuerdo con cifras de 2016, 11 por ciento de los habitantes del mencionado país centroamericano son iletrados, en el campo el índice llega a 17 por ciento y entre los que tienen la suerte de tener empleo solo 52 por ciento venció la enseñanza primaria.

Activistas sociales afirman que centenares de campesinos hondureños son arrancados de sus tierras porque el Ministerio Público desconoce los documentos de propiedad.

Comunidades indígenas se alzaron contra los procedimientos energéticos y privatizadores del Gobierno, entre ellos la creación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, unos controvertidos territorios conferidos a empresas multinacionales.

Con esa trayectoria propia del capitalismo salvaje, los organismos internacionales y Estados Unidos aplauden la gestión del Partido Nacional y el presidente Juan Orlando Hernández y apuestan por su continuidad.

Pero los reclamos populares llueven, aunque no deberían ceñirse a la exigencia del respeto de los derechos políticos de los hondureños sino igualmente a los de carácter económico y social.