Por Guillermo Alvarado
El gobierno de Colombia y el insurgente Ejército de Liberación Nacional, ELN, anunciaron que en breve comenzarán un nuevo ciclo de conversaciones para buscar una salida negociada al conflicto armado interno, un proceso que se desarrollará en medio de un ambiente electoral complejo, pues este año hay comicios legislativos en marzo y presidenciales en mayo.
Para este evento la novedad es que por primera vez participará en las votaciones el que fuera principal grupo rebelde del país, hoy convertido en el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, tal y como lo contemplan los acuerdos de paz alcanzados tras cuatro años de negociaciones en La Habana.
Se trata, sin embargo, de un proceso minado, porque a pesar del pacto alcanzado entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, y las tratativas que se adelantan con el ELN, la paz sigue siendo un anhelo pendiente de realizar y así lo demuestran actos como la sistemática eliminación de líderes sociales y luchadores por los derechos humanos, sin que las fuerzas de seguridad se muestren capaces de brindarles protección.
De acuerdo con un informe de la Organización de las Naciones Unidas, a lo largo de 2017 se cometieron 64 asesinatos contra dirigentes comunitarios, sobre todo en regiones donde hay, o hubo, presencia guerrillera. En muchos de estos casos la responsabilidad se atribuyó genéricamente a “grupos paramilitares”, pero no se llegó a individualizar a los autores materiales e intelectuales de los crímenes.
Una muestra más de lo compleja que es la situación es que, a pesar de que la población aplaudió los acuerdos entre el gobierno y las FARC, que incluso le dieron al presidente Santos el Premio Nobel de La Paz, poco después, cuando el pacto se llevó a referendo para que la población lo aprobara, ganó la opción del no, lo que dificultó aún más su puesta en marcha.
Ahora la campaña electoral, ya en camino, agrega un elemento de incertidumbre a lo que puedan deparar las conversaciones con el ELN, en las que lo más seguro a lograr será la prórroga del cese del fuego bilateral, dado que ambas partes expresaron ya su voluntad de mantenerlo.
Recordemos que la delegación gubernamental estrena nuevo jefe, el ex vicepresidente Gustavo Bell, tras la sorpresiva renuncia en diciembre pasado de su antecesor, Juan Camilo Restrepo, quien alegó razones personales para separarse del proceso.
Una de las primeras tareas de Bell será construir un ambiente de confianza con su contraparte, que en numerosas ocasiones ha denunciado que el ejecutivo no pone todo de su parte para avanzar a incluso acusó al ejército de ganar posiciones militares gracias a la tregua bilateral que comenzó el 1 de octubre.
Más allá de otros temas álgidos, como la corrupción, la pobreza y la economía, el proceso de paz será un ingrediente fundamental en esta campaña, con fuertes disputas entre quienes desean que avance y sus detractores, lo que incidirá sin duda en la marcha de estas negociaciones, que se antojan difíciles, pero indispensables para reconciliar al país.