Por María Josefina Arce

El paso del huracán María en septiembre pasado por Puerto Rico agravó la difícil situación de la niñez en la isla, sofocada por una crisis económica directamente relacionada con su condición colonial desde 1898 y la ausencia por tanto, de poderes para tomar decisiones libremente y tener que depender del Congreso norteamericano.

Tras María, de acuerdo con proyecciones del Instituto de Desarrollo de la Juventud, podría Puerto Rico perder el ocho por ciento de su población infantil, lo que equivale a unos 55 770 niños.

Además, el aumento en la inseguridad económica familiar puede abonar la pobreza infantil en el territorio puertorriqueño, señala el informe de esta organización sin fines de lucro que aboga por políticas públicas a favor del desarrollo de la niñez y juventud.

El Instituto identifica a los municipios del sureste y la región central montañosa como los más afectados, puesto que, además de que absorbieron el impacto más fuerte del huracán, ya padecían de condiciones de extrema pobreza y familias con padres desempleados o fuera del campo laboral.

Además asegura que el efecto en la salud mental es bien fuerte en los niños, ya sea por pérdidas en sus viviendas, por la incertidumbre que esto les provoca, además de estrés post traumático.

La realidad es que el fenómeno meteorológico solo ha venido a agravar una situación ya existente en el país caribeño, pues antes del paso del huracán el panorama de la niñez en la isla era precario, con más del 50% de los infantes en condiciones paupérrimas.

Un estudio dado a conocer en agosto pasado reveló que la cifra de menores que viven bajo los niveles de pobreza creció de un 54 % en el 2010 a un 57 % en el 2015.

La triste realidad es que viven en ambientes donde imperan las necesidades, la inseguridad y no tienen acceso a una educación y cuidados de salud básicos y esenciales de calidad.

Para muchos los datos son preocupantes, pues demuestran que está amenazado el desarrollo económico del país, que ya enfrenta una deuda de más de 70 mil millones de dólares, para cuyo pago se declaró insolvente el gobierno.

Por tanto, dada su condición colonial el gobierno norteamericano, bajo el mandato de Barack Obama, formó una Junta de Control Fiscal que se limitará a garantizar el pago a Wall Street, los fondos buitres y otros acreedores, sin tener en cuenta las necesidades del pueblo puertorriqueño.

De hecho la Junta, compuesta por siete miembros no electos sino nombrados por el Congreso y la Casa Blanca para manejar el gobierno y las finanzas de Puerto Rico, recomendó recortes en gastos sociales tan importantes como la educación, la salud y las pensiones.

Si por demás, por su engañoso estatus de estado libre asociado la isla carece de autonomía y de recursos propios para hacer frente a la destrucción dejada por los huracanes, tampoco la tiene para destinar fondos para gestionar iniciativas a favor de los más necesitados.

La dependencia a las agencias gubernamentales de fondos federales limitan las acciones en beneficio de los sectores más vulnerables como los niños. De hecho cerca de una tercera parte de los fondos del Departamento de Educación son federales.

La situación no es nada favorable para los más jóvenes que ven su futuro comprometido en un país, que todavía en pleno siglo 21 mantiene su condición colonial y debe esperar por las decisiones de otros para socorrer a los más vulnerables y necesitados.