Por: Guillermo Alvarado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propinó esta semana un fuerte golpe más contra los migrantes latinoamericanos y caribeños residentes en ese país, cuando decidió suspender el Estatus de Protección Temporal, TPS, por sus siglas en inglés, a 200 mil salvadoreños y los puso al borde de la deportación.

Como es habitual, se les otorgaron 18 meses de plazo, hasta septiembre de 2019, para salir por su cuenta del territorio estadounidense o encontrar alguna otra vía de regularizar su situación y alcanzar una residencia permanente. De no conseguirlo se les considerará inmigrantes ilegales y serán repatriados.

Aunque en el caso de El Salvador el TPS se activó en 2001, luego de dos terremotos que azotaron al país centroamericano, muchos de los beneficiados vivían en la nación norteña desde los años 80 y 90 del siglo pasado, como consecuencia del enfrentamiento armado interno, lo que quiere decir que tienen más de 20 o 30 años de estar allí.

El 88 por ciento de ellos cuentan con un trabajo formal, una buena parte se casaron y tienen hijos que, a diferencia de sus padres, son ciudadanos estadounidenses y por lo tanto no pueden ser deportados, lo que abre la puerta a dolorosas divisiones familiares si la medida adoptada por Trump se mantiene.

Pero éste es sólo el último episodio de una política agresiva del jefe de la Casa Blanca, que tiene claros elementos racistas y xenófobos ya presentes durante su discurso electoral antes de ser elegido.

En noviembre de 2017 no se extendió la vigencia del Estatus de Protección Temporal a 59 mil haitianos, que habían sido acogidos después del violento terremoto que destruyó al país caribeño y cuyas consecuencias todavía son visibles.

Fue una decisión muy criticada por organizaciones sociales y políticas y por el mismo gobierno de Haití, porque se adoptó sin importar que la nación más pobre del hemisferio sufriera el paso de dos devastadores huracanes, Irma y María.

Igual suerte tuvieron cinco mil 300 nicaragüenses que habían recibido amparo ante los daños causados por el ciclón Mitch, en 1998, y en estos momentos se discute cuál será el destino 86 mil hondureños.

El TPS se creó en 1990 para otorgar una visa especial y permisos de trabajo a ciudadanos originarios de países en cualquier parte del mundo que sufrieron desastres naturales o conflictos armados.

La supresión progresiva de este programa que lleva adelante Trump se suma a la polémica cancelación del llamado DACA, creado durante el gobierno de Barack Obama, para otorgar permisos temporales de residencia a unos 800 mil migrantes adultos que llegaron sin papeles a Estados Unidos cuando eran niños.

Este último tema está en manos del Congreso, que debe decidir en los próximos meses que ocurrirá con estas personas. También es posible que el destino de los acogidos al TPS pase al organismo legislativo donde, sin embargo, las posibilidades de una acción positiva son remotas porque ambas cámaras están dominadas por el partido Republicano, poco proclive a oponerse a los disparates del presidente, por inhumanos e insólitos que sean. FIN