Por María Josefina Arce.

Con la llegada a la presidencia en 2016 de Michel Temer, tras el golpe parlamentario contra la mandataria elegida democráticamente en las urnas, Dilma Rousseff, retornaron a Brasil las privatizaciones de importantes empresas del país sudamericano, con el pretexto de reducir el déficit fiscal.

La ola privatizadora de Temer ha sido la segunda y más grande en casi 20 años en la historia de Brasil, la última fue con el presidente Francisco Henrique Cardoso, que gobernó la nación entre 1995 y 2003.

De hecho ha afectado hasta el momento a más de 57 compañías públicas, entre ellas la administración de 14 aeropuertos, 11 distribuidoras de energía eléctrica, 15 puertos, dos carreteras, así como la Casa de la Moneda, órgano público con más de 323 años de fundado y que se ocupa de la impresión de los billetes, sellos y pasaportes brasileños.

En la mira del gobierno golpista está ELECTROBRAS, que coordina todas las empresas del sector eléctrico del Estado brasileño, administra 47 hidroeléctricas, 270 subestaciones eléctricas y seis distribuidoras eléctricas.

La pasada semana la justicia del estado de Pernambuco paralizó de manera temporal la privatización de esa empresa. El dictamen sostiene que el gobierno no ha expuesto las razones que justifiquen la urgencia en la adopción de un decreto que altera de forma sustancial la configuración del sector eléctrico nacional, sin la imprescindible participación del Poder Legislativo.

Sin embargo, en las últimas horas las autoridades recurrieron en segunda instancia al presentar una reclamación en la Corte Suprema contra la decisión.

Los analistas estiman que las privatizaciones del sector básico han traído siempre consigo el retiro de inversiones del servicio público, rebaja de los salarios de los trabajadores, además de precarizar la red de servicios.

Asimismo, apuntan que otra de las negativas consecuencias es que tiende a perjudicar la generación de empleos, en un país donde el número de parados está cercano a los 14 millones.

Trabajadores vinculados al sector eléctrico señalaron que la antipopular medida del gobierno dejará a la población vulnerable, con servicios más caros y de menor calidad, ya que el interés privado no se corresponde con el interés público.

Pero este no es un detalle que preocupe al presidente Temer que ha echado por tierra el legado progresista y social del Partido de los Trabajadores.

Eduardo Annunciato, presidente del Sindicato de Electricidad de Sao Paulo, afirmó que la entrega de los patrimonios pone en jaque la soberanía del país. Las estatales eléctricas brasileñas están perdiendo espacio para empresas extranjeras, dijo.

Al respecto el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que la maniobra aumentará las deudas públicas, debiendo recurrir incluso a los recursos de reservas internacionales que, a su juicio, deberían ser el método para reactivar la economía brasileña y no para cubrir las futuras deudas que generarán las privatizaciones.

"Cuando no tengan nada para vender, van a vender el alma al diablo", añadió el exmandatario.

La realidad es que como parte de su programa neoliberal y bajo la justificación de recaudar fondos para aliviar el déficit fiscal, el gobierno del presidente de facto Michel Temer está vendiendo Brasil al mejor postor, sin tener en cuenta que pone en peligro la soberanía nacional y atenta además contra el bienestar de los brasileños.