Por María Josefina Arce.

Una de las metas del gobierno que preside Evo Morales es que para el 2025 la totalidad de los bolivianos tengan acceso al agua potable, un derecho humano reconocido por la ONU y por el que la nación andina ha luchado en los foros internacionales.

De ahí que en los últimos años Bolivia ha desarrollado profundas transformaciones en el marco legal e institucional relacionado con el sector del agua, realizando importantes inversiones en infraestructuras hidráulicas, y desarrollando ambiciosos proyectos y estudios de planificación.

De hecho la nueva Constitución del país, aprobada en 2009, reconoce que el agua constituye un derecho fundamental para la vida y destaca que el estado promoverá el uso y el acceso al preciado líquido sobre los principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad.

Por demás, estipula que los recursos hídricos en todos sus estados, superficiales y subterráneos, constituyen recursos finitos, vulnerables, estratégicos y cumplen una función social, cultural y ambiental, por lo que no podrán ser objeto de apropiaciones privadas y tanto ellos como sus servicios no serán concesionados.

Este fue un importante paso dado por el gobierno de Morales para garantizar el acceso al vital líquido, al que antes de 2006 solo un bajo por ciento de bolivianos tenía acceso y el que incluso en el año 2000 el gobierno del dictador Hugo Bánzer se intentó privatizar y provocó protestas populares.

Bajo el mandato de Morales se implementó el programa “Mi agua”, enfocado en mejorar el acceso a agua, saneamiento y riego entre las poblaciones más vulnerables.

Ya son varias las etapas de este plan que desde el 2011 ha beneficiado a más de 405.000 familias con conexiones domiciliarias de agua potable y piletas públicas.

Mientras que la iniciativa Mi Riego, en sus dos fases, favoreció a más de 37 MIL familias productoras con la incorporación de casi 31 MIL nuevas hectáreas bajo riego, lo que garantiza la producción de alimentos.

La sequía que afecta al país desde 2016 ha sido un obstáculo que han debido sortear las autoridades en su empeño de que el preciado recurso llegue cada día a más bolivianos. Por eso, se decretó un Programa Nacional de Emergencia por Sequía y Déficit Hídrico, que ha puesto en marcha determinadas acciones.

En este contexto se inscribe la inauguración en las últimas horas por el presidente Morales en La Paz del Proyecto Trasvase Pongo Estrellani, un acueducto de más de siete kilómetros que facilitará el traspaso de agua desde el Río Unduvai hasta la represa de Estrellani, con el objetivo principal de abastecer las viviendas de la localidad y favorecer las labores agrícolas.

Las autoridades han destinado asimismo, dos millones 406 mil dólares para el programa Nuestro Pozo, puesto en marcha en agosto de 2016 con el fin de garantizar el líquido a la población.

En los últimos once años se logró que casi tres millones de personas más tengan acceso al recurso hídrico y para ello se invirtieron cerca de 17 MIL millones de bolivianos.

El gobierno que preside Evo Morales no descansa en la implementación de nuevas iniciativas para lograr su meta de que en el 2025 cada ciudadano de su país tenga acceso al agua potable, un derecho humano esencial para la vida.