Por María Josefina Arce.

Este fin de semana se consumó el fraude electoral en Honduras, al asumir un segundo mandato el presidente Juan Carlos Hernández, en medio de una crisis política por las continuas denuncias de gran parte de la población de la ilegitimidad de su reelección en los comicios de noviembre pasado.

La jornada estuvo marcada por fuertes protestas populares, reprimidas violentamente por la policía que empleó gas lacrimógeno contra los participantes, que acusan a Hernández de fraguar un golpe electoral ante las irregularidades e incongruencias presentadas en el proceso.

Aunque la Constitución del país centroamericano prohíbe la reelección presidencial, Hernández logró un fallo de la Corte Suprema de Justicia en 2015 para burlar esa medida. La ley fundamental establece que solo una consulta popular puede revocar esa disposición, lo que no se llevó a cabo.

Esta es una de las irregularidades que denuncian los hondureños, a lo que se suma el hecho que el resultado final de las elecciones del 26 de noviembre se dio a conocer semanas después y fue favorable para Hernández, aunque en un primer momento se daba como ganador al candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla.

Pero el sistema de conteo sospechosamente se averió y a partir de ese momento fue Hernández el favorecido por los partes del Tribunal Supremo Electoral.

Un apretado resultado tras un proceso sobre el que las misiones de observación enviadas por la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos reconocieron "serias dudas" e irregularidades, pero que acabaron reconociendo.

Ante la tensa situación, tres días después de las elecciones, el gobierno impuso un estado de excepción de una semana para controlar disturbios y manifestaciones violentas de los opositores a nivel nacional, que dejaron pérdidas superiores a los 100 millones de dólares a la economía hondureña

Las protestas no han cesado en el territorio hondureño y hasta el momento, de acuerdo con el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, ha cobrado la vida de al menos 31 personas, cifra que la oposición indica es de 41.

En su toma de posesión Hernández dijo que no es justo dañar la imagen de Honduras, en referencia a las protestas promovidas por la oposición tras las elecciones y que se volvieron a intensificar desde el pasado fin de semana.

Debería tomar para él mismo esa frase, pues Honduras ha quedado dañada por el fraude electoral cometido para continuar en el poder, sin tener en cuenta la voluntad de la mayoría de los hondureños que no quieren un gobierno que no ha hecho nada por los sectores más humildes.

De acuerdo con el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras 65 por ciento de la población de la nación centroamericana no logra satisfacer todas sus necesidades básicas. El organismo precisa que casi seis millones de persones viven en pobreza, de las cuales cerca de cuatro millones se encuentran en condiciones de pobreza extrema.

Refiere por demás, que en los últimos 15 años se ha erogado 450 millones de lempiras, la moneda nacional, en la estrategia para la reducción de la pobreza, pero hasta el momento no se observan resultados.

Lo cierto es que ahora a esa triste situación que vive el país se suma el tenso panorama político, lo que para muchos podría prolongarse por el descontento de la población hondureña, que se siente engañada. A ello debe agregarse que en el Congreso también se suceden los constantes actos de protesta de los legisladores contrarios al presidente Hernández.