Por Guillermo Alvarado

El ministro de Defensa de Argentina, Oscar Aguad, hizo recientemente el curioso anuncio de que su país creará una fuerza militar de despliegue rápido, la cual estará formada por elementos de las tres ramas del ejército, tierra, mar y aire, para luchar, presuntamente, contra el tráfico de drogas y el terrorismo.
Y digo que el anuncio es curioso porque se trata de crear un aparato muy bien pertrechado, que será dotado con helicópteros, transportes terrestres, aviones y barcos y tendrá una organización similar al Comando Sur del ejército estadounidense, para enfrentar problemas que en el país austral no representan una amenaza perentoria.

Que se sepa, Argentina no es un país gran productor de narcóticos ilícitos, ni territorio de trasiego de drogas y tampoco funcionan allí organizaciones calificadas como terroristas, así que es oportuno preguntarse cuál será el verdadero propósito de esta fuerza de reacción rápida y a que intereses responderá en realidad.

Las suspicacias aumentan si se tiene en cuenta que una vez se informó sobre este propósito, el ministro viajó a Estados Unidos junto a su colega de Seguridad, Patricia Bullrich, de quien se sabe que tiene fuertes nexos con los sectores más derechistas del país norteño, así como con los aparatos de seguridad e inteligencia.

Los funcionarios visitarán el Buró Federal de Investigaciones, la Agencia Antidrogas, el Departamento de Estado y Aguad también tiene prevista una reunión con el jefe del Comando Sur. No está demás recordar que Rex Tillerson estuvo hace pocos días en Argentina, donde intercambió elogios con el presidente Mauricio Macri.

Todo esto despertó de inmediato reacciones en la sociedad argentina, donde queda la sensación de que en realidad se está avanzando hacia un Estado represor. El diputado y exministro de Defensa Agustín Rossi, aseguró que esa doctrina militar no es compatible con el estado de derecho.
Acontecimientos recientes refuerzan estas sospechas, entre ellas que la gendarmería y el ministerio de Seguridad se aprestan a denunciar por falso testimonio y asociación ilícita a miembros de la comunidad mapuche y amigos de Santiago Maldonado, que fueron testigos durante el proceso por la desaparición y muerte del activista.

Se trata de un caso insólito y se corresponde con la criminalización de la protesta social y la defensa de los derechos del pueblo, que han sido violados de manera constante durante el gobierno de Macri.

Recordemos que la ministra Bullrich ascendió a un gendarme que participó en la represión contra un grupo de mapuches, acto durante el cual desapareció Maldonado, cuyo cadáver fue descubierto casi 70 días después.

La titular también defendió al policía Luis Chocobar, quien asesinó a un joven por la espalda y luego mintió diciendo que fue en defensa propia.

Todo ello lleva a pensar que en realidad la fuerza de reacción rápida se está preparando, no para luchar contra el crimen organizado, sino para contar con un grupo que sea capaz de frenar las manifestaciones cada vez más frecuentes por el malestar creciente que generan las políticas neoliberales del presidente Macri y sus más cercanos colaboradores.